Los funcionarios que deseen participar en actividades proselitistas durante esta campaña electoral deberán hacerlo fuera de su horario de trabajo.

Así lo dictó la Junta Central Electoral (JCE) mediante la resolución 33-2019 donde indica que los funcionarios públicos “no podrán participar en actividades proselitistas durante horas de servicio público oficial, es decir, durante la jornada laboral fijada por el Ministerio de Administración Publica”.

La medida es dada a conocer días después de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositara una instancia en la JCE donde solicitó que el Pleno emitiera una resolución que prohíba al presidente de la República y a los funcionarios del Gobierno participar en activismo político e impida el uso indebido de los recursos del Estado para esos fines.

No pueden utilizar los recursos del Estado

En el documento también anunció que todo funcionario que tenga bajo su responsabilidad el manejo de recursos económicos o bienes del Estado o de instituciones descentralizadas del mismo no podrán disponer de dichos recursos o bienes en provecho de ningún candidato o candidata a quien se haya aceptado su candidatura por una Junta Electoral, en el caso de las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputaciones.

Añade la resolución firmada por el presidente de la JCE, Julio Cesar Castaños Guzmán y los cuatro miembros, que se excluyen de esto, es decir de utilizar personal para actividades proselitistas fuera del trabajo, a aquellos funcionarios que por su investidura requieren de dispositivo de seguridad oficial aun cuando se encuentren desarrollando actividades personales fuera de su horario de servicio.

Explica que esto será siempre que dichas medidas no afecten el normal desenvolvimiento de las actividades llevadas a cabo por organizaciones políticas, religiosas o sociales.

El artículo 4 indica que de conformidad con el párrafo IV del artículo 19 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para al celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la de las presidenciales y congresuales queda prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las Alcaldías.

Además, la resolución destablece que deberán abstenerse de realizar programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios durante los días antes mencionados.

PRM rechaza resolución y el PLD está a favor

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó la resolución del órgano electoral al considerar no es equitativa y responde a una incompleta interpretación al artículo 196 de la ley sobre Delitos Electorales. De su lado, el Partido de la Liberación Dominica (PLD) indicó que la misma está apegada a la Constitución ya que de lo contrario “se estaría vulnerando los derechos del presidente de la República y de cualquier otro funcionario”.

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