Desde el otorgamiento de grandes obras hasta donativos de recetas, ataúdes o fundas de comida, señales de amenaza a empresarios que aportan a la campaña de los opositores hasta promesas de gestionar casos judiciales, así de amplia y poderosa es la mano del Estado cuando se trata de influir en una campaña electoral.
El día de las votaciones es la exhibición más grotesca del uso del dinero público con la compra masiva de votos instalada en los alrededores de los colegios de votación ante la mirada indiferente de la Policía Militar Electoral que también es controlada por quien ostenta el poder, pues es al presidente de la República a quien compete designarla.

Las primarias del 6 octubre son una muestra del uso del poder. Según el economista José Rijo solo en el mes de septiembre el gobierno aumentó el gasto público que él denomina “clientelar” en mil 296 millones de pesos.

Mientras que la periodista Alicia Ortega, denunció que el Ministerio de Obras Públicas otorgó obras de manera irregular por unos 11 mil 500 millones de pesos en solo cinco meses, previo a la salida de Gonzalo Castillo del Ministerio de Obras Públicas, hoy candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). De hecho, el equipo de campaña de Castillo está compuesto por funcionarios de primera línea del gobierno y el propio presidente de la República se sumó temprano al proselitismo e incluso en un acto público del PLD expresó que “yo gano estas elecciones” a pesar de que no es candidato.

De hecho, la participación de los funcionarios en la campaña fue denunciada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la JCE, pero el organismo no accionó en ese momento.
Todo el poder del que dispone el partido que gobierno frente a los de la oposición se traduce en inequidad y desigualdad en la competencia electoral, un tema que siempre entra al debate cada cuatro años sin ningún avance.

La Ley Electoral intentó regular la participación de los funcionarios en la campaña con la finalidad de evitar que se usen los recursos del Estado para favorecer a los candidatos oficialistas, pero una resolución reciente que dictó el órgano electoral para implementar esa disposición dejó insatisfecha a la oposición que ha acusado a la JCE de interpretarla para acomodar al poder.

¿Cómo se usan los recursos del Estado en campaña electoral?
Las fórmulas de usar el poder para beneficiar a un candidato sin que se pueda comprobar que hay una infracción son innumerables. La presencia del presidente de la República en un acto político y de sus ministros y funcionarios de primera línea es en sí mismo de mucho peso en un país presidencialista como la República Dominicana.

El economista José Rijo hizo una comparación del aumento del gasto del gobierno en el mes de agosto con relación a septiembre de este año. En ese momento tuvieron lugar las primarias abiertas del PLD en la compitieron Gonzalo Castillo apoyado por el gobierno contra el expresidente Leonel Fernández.

Del total de mil 296 millones de pesos que presentó Rijo, en compra de vehículos en el mes de septiembre hubo una inversión de 448 millones de pesos en publicidad y propaganda 236 millones; becas y viajes de estudios 227 millones; remuneración al personal transitorio 187 millones y 160 millones en carreteras y obras menores.

En combustibles y lubricantes el gasto fue de 27 millones de pesos y 12 millones en viáticos en actividades locales. Según José Rijo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas el incremento del gasto agosto-septiembre fue de 146 millones millones 806 mil pesos.

Otros mecanismos de usar los recursos es mediante presión y amenazas de cancelación a los empleados públicos para que no sufraguen por un candidato distinto al del gobierno. De hecho, hay quienes sustentan la teoría que la insistencia del uso del voto automatizado para las elecciones es con la finalidad de hacer creer a los empleados públicos que es posible determinar por quién se sufraga de manera electrónica y así evitar que puedan votar por aspirante que no sea del gobierno. Esa creencia persiste a pesar de que la JCE ha dado plena garantía de que el secreto del voto.

El 2012 fue emblemático

El 2012 pasó a la historia por el uso desproporcionado de recursos para beneficiar al partido oficial al generar un déficit de alrededor 200 mil millones. Esa versión tiene más valor porque el entonces presidente Leonel Fernández anunció que el gobierno invertiría 40 mil millones en obras para mejorar la aceptación de su candidato, Danilo Medina.

¿Un fenómeno electoral o uso sin límites poder?

El candidato del oficialista PLD, Gonzalo Castillo y sus seguidores, se vanaglorian de su éxito de una campaña de solo 66 días e incluso se autodenominan de “fenómeno electoral y político”. Sin embargo, hasta ahora, lo que el aspirante oficialista ha exhibido es superioridad económica respecto a sus competidores, tanto dentro como fuera del PLD. Castillo primero se posicionó frente a sus compañeros del danilismo con una candidatura que se oficializó tras la decisión del presidente Danilo Medina de ir por la reelección. Pero Castillo era una los principales artífices del proyecto de reelección. Luego en poco tiempo logró mediante encuestas descartar a cuatro competidores del danilismo en un proceso de posicionamiento que estuvo marcado por una despliegue de publicidad que generó asombro en toda la oponión pública. Luego ganó las primarias a Leonel Fernández por margen de 26 mil votos, en un resultado que ha tenido fuertes cuestionamientos por irregularidades que supuestamente se cometieron. Luego de la división del PLD y que Castillo ha tenido que asumir la candidatura, las debilidades para abordar temas nodales que exhibió en el proceso de la precampaña se han ido poniendo cada vez más en evidencia. Hasta ahora no se conocen encuestas públicas sobre el posicionamiento electoral de los candidatos presidenciales, pero hasta ahora, Castillo está lejos de ser el fenómeno electoral que dice sus estrategas.

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