El presidente Danilo Medina se quejó el martes de la escasa difusión de un anuncio oficial acerca del cambio de la matriz de generación eléctrica. La realidad es que hace algún tiempo veníamos observando el fenómeno, y muy recientemente, el 13 de este mes, este diario publicó como noticia principal lo siguiente: “El petróleo deja de ser la principal fuente de energía en RD”.
La información elaborada por el periodista Martín Polanco definía ese hecho como “un paso gigantesco, en la medida que ha ido dejando atrás el uso de derivados de petróleo, del que dependía prácticamente en un 90% para generar electricidad”.
Señalaba además con detalle que la generación eléctrica en base a petróleo se quedaba en apenas un 30% y que la industria cambiaba a la generación con energía limpia, Gas Natural Licuado y fuentes renovables, como el viento y el sol, la hídrica y biomasa, pero mucho menos significativas.
La participación del gas natural en la generación eléctrica total del país en este momento es de un 33%, pero con la construcción de una nueva infraestructura para el almacenamiento de ese combustible en la terminal de AES Andrés, en Boca Chica, y la inauguración del Gasoducto del Este, mediante el cual se suplirá a dos plantas generadoras en San Pedro de Macorís, que dejarán de trabajar con fuel oil en el primer trimestre de 2020, se generarán 750 megavatios más en base a gas.
Con la entrada en enero de las dos plantas a carbón de la Central Punta Catalina, se modifica el cuadro de generación de manera fundamental, como hemos señalado. Se espera que cuando las dos unidades entren al sistema suplan el 30% de la demanda total de energía.
El gasoducto, construido con una inversión privada de US$100 millones, como parte de un proyecto mayor que incluye otras infraestructuras, por US$300 MM, constituye un salto en el propósito de disminuir el uso de derivados del petróleo para generación eléctrica.
Es un hecho trascendental. Corresponde al gobierno continuar el programa de reforma del sector eléctrico. Enfocar la atención en las empresas distribuidoras, para que sean más eficientes, y la población no sufra tanto un servicio eléctrico “caro e inestable”.
