La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó que aún está pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarias para garantizar la seguridad jurídica en el país.
Al presentar el balance de los aspectos más relevantes de la vida política, económica, social e institucional del país de este año, manifestó que estos aspectos son un requisito indispensable para el desarrollo económico y social de la nación.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, enumeró como otro aspecto negativo, el proceso a nivel judicial del caso Odebrecht, el cual ha puesto nuevamente en evidencia debilidades del sistema de justicia penal, lo que contribuiría a generar mayores índices de desconfianza en dicho sistema.
Finjus también reprochó que aún no se haya aprobado un Código Penal moderno por “razones que no son propias de una discusión penal”.
“Entendemos que la no adopción de un nuevo Código Penal ralentiza el proceso de modernización del sistema de justicia en general y se relaciona estrechamente con los elevados picos de desconfianza del sistema de justicia, impunidad y percepción de inseguridad ciudadana, debido a que no contamos con tipos penales y sanciones adecuadas que abarquen el amplio catálogo de modalidades actuales del accionar delictual”, subrayó la entidad.
Con relación a la seguridad ciudadana, Finjus opinó que la adopción de la Ley de la Policía Nacional, a pesar de haber constituido un paso necesario, no ha reflejado los resultados esperados dados los sistemas estructurales propios de la cultura de la institución.
Electoral y partidario
La institución expuso que quedan retos importantes relativos a la necesidad de fortalecer el sometimiento al orden de los partidos políticos y candidatos mediante el sistema de consecuencias establecido por la Ley de Partidos y la de Régimen Electoral.
En ese sentido manifestó que la Junta Central Electoral, deberá aplicar las sanciones correspondientes a “la propaganda permitida, el respeto a los períodos de precampaña y campaña y, especialmente, la fiscalización minuciosa de la ejecución partidaria y de los candidatos respecto a los límites y/o topes de gastos que indica la ley.
