Tras el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina, por motivo del Día del Poder Judicial, Participación Ciudadana, realizó una evaluación del mismo indicando estar de acuerdo con varios de los puntos mencionados.
La organización de la sociedad hizo énfasis en la necesaria mejora de la independencia de los jueces y juezas y del presupuesto nacional destinado al Poder Judicial, elementos omitidos por el presidente de la SCJ.

“En su discurso, el magistrado Molina pone el dedo en una de las llagas más lacerantes que padece nuestro sistema de justicia, la increíble mora judicial a la que hemos estado encadenados desde hace décadas, que afecta a todos los usuarios de este sistema, pero de manera principal a los sectores más vulnerables que se cansan de esperar una sentencia que nunca llega o llega demasiado tarde”, señaló el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Dijo que también apuntó en el sentido correcto cuando fija como una de las prioridades mejorar sustancialmente la eficacia y eficiencia con que se conduce el sistema de justicia, “llena de obstáculos burocráticos que ralentizan la labor judicial, además de la increíble desproporción en la carga de trabajo entre todos los jueces y juezas del país”.

“Dos aspectos del discurso merecen, sin embargo, una crítica constructiva, cuando no concede, por omisión, la importancia que tiene, en primer lugar, mejorar sustancialmente la independencia de los jueces y juezas, no solo hacia lo externo, sino además a lo interno, y en segundo lugar el cumplimiento de la ley que fija un 2.6% de los ingresos internos del presupuesto nacional para el Poder Judicial, sobre todo porque para el año en curso su asignación es de apenas 1.3%, es decir la mitad de lo que le corresponde por ley”, sostuvo el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Desde Participación Ciudadana esperan que la SCJ, el Consejo del Poder Judicial y su nuevo presidente utilicen sus facultades, incluyendo su iniciativa en la formación de la leyes, para trabajar junto con los demás poderes del Estado y la sociedad civil en las modificaciones que luego de agosto de este año deberían emprenderse en las normas sustantivas y adjetivas para mejorar las condiciones de independencia.

Indicó que esto debería comenzar por la revisión del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de excluir al procurador general de la República como integrante del mismo, la eliminación de la facultad de dicho Consejo para evaluar a los magistrados de la SCJ y el establecimiento de una mayoría calificada para tomar decisiones, que oblligue al consenso entre los miembros.

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