República Dominicana vive un momento histórico, debido a que es la primera vez que en menos de seis meses celebrará tres votaciones, a raíz de la suspensión el pasado domingo de las elecciones municipales, la segunda que el país lleva a cabo separada de las presidenciales desde 1968.

Para el pasado 16 de febrero más de 7 millones de dominicanos estaban llamados a ejercer su derecho al voto para elegir el personal directivo de los municipios; unas 3,849 autoridades locales. Estas elecciones, que costaron RD$3,182.9 millones, se vieron frustradas por el fracaso del voto automatizado que implementó la Junta Central Electoral (JCE), cuyo sistema emitió boletas incompletas y presentaba lentitud.

La Junta, sin explicar exactamente la causa de los fallos técnicos, reprogramó las municipales para el próximo 15 de mayo con boletas físicas, a pesar del descontento que provocó en gran parte de la población la falta de detalles sobre el problema.

Las próximas elecciones serían las presidenciales y congresuales, que de acuerdo con la Constitución en el Artículo 209, se deben celebrar el tercer domingo de mayo. Sin embargo, existe la posibilidad de que el país también sea escenario de una cuarta votación, siempre y cuando, como indica el numeral 1 del referido artículo de la Carta Magna, en las presidenciales ninguna de las candidaturas obtenga al menos la mitad de los votos válidos emitidos.

Esa cuarta elección se produciría igualmente en el primer semestre del año; el último domingo del mes de junio. Varios analistas políticos no descartan que se genere una segunda vuelta, que se comenzó a vislumbrar tras la salida del expresidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la consolidación de la Fuerza del Pueblo.

Fernández salió del partido oficialista el año pasado. Después de que la Junta celebrara las primarias simultáneas del PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que costaron 2,416 millones 845 mil 800 pesos, y cuyos resultados fueron cuestionados debido a que algunos de los equipos del voto automatizado, cuya adquisición costó casi RD$1,068 millones, supuestamente presentaron inconvenientes.

El órgano comicial posteriormente realizó un análisis al software de los equipos, que concluyó con que no hubo código malicioso y que el desempeño de los equipos como estación de votación fue normal, según determinó la empresa española Alhambra Eidos. No obstante, Fernández y representantes de otros partidos de oposición mantuvieron sus reservas ante esta modalidad electrónica.

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