A poco menos de seis meses para finalizar su segunda gestión, el presidente Danilo Medina dejará en el tintero las grandes reformas estructurales que en formas de pactos plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
En cambio, el gobernante ha asumido una serie de leyes de impacto complementario que inciden en temas y reformas económicas estructurales. Pero uno de los tres grandes pactos que manda la END, el Fiscal, quedará como materia pendiente para el Presidente que resulte electo el 17 de mayo y asuma el 16 de agosto del año en curso.
Un segundo pacto mandado por la END, el Eléctrico, fue discutido y consensuado mayoritariamente durante una larga jornada desarrollada en el seno del Consejo Económico y Social (CES), instancia desde donde fue remitida para el Poder Ejecutivo, donde sería firmado por todos los sectores participantes. Pero un desacuerdo fuera del CES de algunos de los agentes intervinientes tumbó la firma y el Pacto Eléctrico ha quedado en suspenso, en un limbo existencial que no se sabe hasta cuándo durará. No hay sector que esté procurando su rescate.
La excepción
El único de los tres grandes pactos mandado por la Estrategia Nacional de Desarrollo que ha sido firmado ha sido el de la Educación, cuyo compromiso de cumplimiento no tiene elemento de desembolsos, sino más bien de responsabilidad en la aplicación de la asignación a la educación pública preuniversitaria un presupuesto anual equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB) estimado del año en que se calcule. El mandato ene se aspecto es a buscar “un pacto que impulse las reformas necesarias para elevar la calidad, cobertura y eficacia del sistema educativo en todos sus niveles, y preparar a la población dominicana para actuar en la sociedad del conocimiento”.
En el capítulo 10, “Pactos Nacionales en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”, en el artículo 33 se plantea que el “Consejo Económico y Social deberá convertirse en el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y el concurso solidario de toda la Nación”.
El artículo 35 referente a la Reforma Eléctrica expresa que se consigna la necesidad de que, en un plazo no mayor de un año, las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional. Mientras que el artículo 36, que refiere a la Reforma Fiscal, consigna “la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento’”.
Para la reforma eléctrica la END habla de un plazo para iniciar la discusi8ón, de un ano, y de tres para el pacto fiscal. La ley de la END es de enero del 2012.
Todos esos plazos han vencido y los pactos pendientes han quedado en el limbo. El Gobierno, por lo menos para el tema fiscal, ha descartado involucrarse en ese aspecto, priorizando reformas administrativas y combate a la evasión y elusión.
Tres leyes económicas aprobadas en este 2020
Y en forma paralela, el Gobiernos se ha involucrado en presentar al Congreso reformas o leyes económicas complementarias. En lo que va de mes, al menos tres normas en esa dirección han sido convertidas en leyes por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Se trata de las leyes de Garantías mobiliarias, la reforma a la Seguridad Social, y la ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial. Esta última norma es más un complemento para la ley contra el Lavado de Activos.
Garantías mobiliarias y Seguridad Social
De esas normas aprobadas, la Ley de Garantías Mobiliarias está llamado a abrir puerta se financiamiento para las mipymes, porque sus bienes mobiliarios, tales como el motor, la computadora, los muebles, etc, les servirán para garantizar préstamos en el sistema financiero formal. Y la que modifica la Ley de Seguridad Social posibilitará eliminar deudas impagables de empleadores con la Tesorería de la Seguridad Social, la regularización de más de 30 mil empresas y la inclusión o afiliación de más de 150 empleados al SDSS.
