Madrid. El Gobierno español se mostró partidario de conocer por vía judicial el origen de la supuesta fortuna oculta del rey emérito Juan Carlos I, una figura hasta hace poco intocable y del que la divulgación pública de sus crecientes problemas legales constituyen un auténtico hito.
“Este país necesita evidentemente saber. Es un país transparente y que necesita seguir confiando en sus instituciones”, afirmó hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista radiofónica, en la que apostó por la vía de las investigaciones judiciales ya en marcha.
La cuestión de las finanzas de Juan Carlos I ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, pero se intensificó ayer, domingo, cuando la Casa Real anunció que el rey Felipe VI había renunciado a la herencia que le pueda corresponder de su padre, a quien además se había retirado su asignación económica anual de casi 200.000 euros.
Esta decisión se tomó después de que un diario británico publicara durante el fin de semana que el actual monarca era el heredero de los fondos de una millonaria cuenta en un paraíso fiscal que tenía su padre, vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.
La Casa Real anunció que conoció esa disposición en febrero del año pasado y lo comunicó a “las autoridades competentes”, y que en abril de 2019 el monarca hizo una declaración notarial para dejar claro que renunciaba en su nombre y de sus hijas a la herencia de su padre, especialmente si procedía de vehículos financieros sospechosos.
Además, la Casa Real insistió en que Felipe VI afirma no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento en activos o estructuras financieras “cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad”.
El comunicado del Palacio de la Zarzuela incluyó el anuncio de que Juan Carlos I había contratado los servicios de un prestigioso abogado.
