La procuradora electoral interina, Gisela Cueto ha declarado que la compra de cédulas constituyó el principal delito cometido durante las pasadas elecciones. Ella documenta hechos registrados en Azua, Bahoruco, Baní, Barahona, Constanza, San Cristóbal, Dajabón, Monte Plata, Duarte, Puerto Plata, y otras provincias. En el Gran Santo Domingo también se reportaron casos. Participación Ciudadana también registró el fenómeno durante las votaciones. Los medios de comunicación igual hicieron levantamientos que confirman esas ocurrencias.
La magistrada al menos tiene las denuncias y las evalúa para determinar cuáles se convierten en casos objeto de atención del sistema judicial.
La compra de cédulas no es nada nuevo. Lo nuevo es que ahora, a consecuencia de la vigencia de la ley, se tipifica como un delito electoral, y existen unos fiscales que pueden recibir las denuncias y podrían darle curso.
El procedimiento forma parte del conjunto de ilícitos que se cometen en las elecciones. En la práctica se traduce como “compra de conciencia”. La gente ni siquiera le pone precio, sino que recibe algún dinero para vender su voto. Varios son los modos, sea para comprometer un resultado o simplemente para impedir el ejercicio del derecho ciudadano.
Es una práctica aberrante, en mayor medida ejecutada por quienes tienen más capacidad de compra.
La compra y venta de cédulas ocurre en los estratos más bajos de la población y entre ciudadanos predominantemente jóvenes que tienen una valoración muy pobre acerca de sus derechos civiles y políticos.
En la escala social más baja se combinan la ignorancia y las necesidades económicas.
Concurre asimismo la descomposición del ejercicio de la política y cómo la corrupción de la voluntad ciudadana se incorpora en el accionar de los partidos.
Se ha generado un mercado de compradores y vendedores que ha llegado hasta las entrañas mismas de algunos seguidores en los barrios, que reclaman dinero para “moverse” hasta los centros de votación.
Naturalmente, la inmensa masa ciudadana ejerce sus derechos electorales con determinación y fe en un mejor porvenir para la República.
Aunque suene iluso, debe llegar el momento en que los partidos erradiquen esas prácticas perversas. Y las miserias y degradaciones conductuales de muchos no se conviertan en oportunidades para los políticos corruptos.
