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    Se supone que existe un derecho universal a los servicios de salud, que deben ser provistos por el Estado, especialmente en una situación como la actual. Está muy claro que ese es un derecho constitucional que suele ser recibido según la condición social o la naturaleza del Estado de una Nación. El COVID-19 ha potenciado la falsía de ese derecho. Conseguir que los servicios de salud ofrezcan las pruebas del coronavirus se constituyó en un privilegio. Quizás ahora, cuando han llegado algunos miles de kits para la prueba rápida, el acceso a una atención que puede resultar clave para la vida, esté más disponible. Todo ello, sin desconocer, que hablamos de una pandemia.

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