Ha hecho muy bien la Junta Central Electoral (JCE) al solicitar formalmente a los partidos reconocidos opinar “acerca de la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales y congresuales, así como una eventual segunda vuelta, en nivel presidencial, sean calendarizadas razonablemente, en una fecha posterior al 17 de mayo y 28 de junio de 2020, respectivamente, y antes de que concluya el actual período constitucional que vence el 16 de agosto de 2020”.
La petición está más que justificada ante la inédita situación del país y el mundo, causada por el COVID-19. En las condiciones actuales, bajo estado de emergencia, con una población bajo techo, con los movimientos limitados, con un rezago en el proceso electoral desde el 17 de marzo, sin que se adviertan modificaciones a esa realidad, difícilmente podrán efectuarse las elecciones en la fecha prevista, 17 de mayo, en un ambiente de libertad, seguridad, participación y mínimamente justas. Sobre tal panorama es poco lo que se puede agregar.
¿Qué hacer? La República Dominicana debe seguir el camino por la senda democrática y dentro de ese propósito encontrar los mecanismos que permitan su continuidad. Compete a todos los actores políticos hacer lo necesario para alcanzar ese fin. Es responsabilidad de todos.
La JCE ha hecho lo propio esta vez, pidiendo en un tiempo todavía razonable la consulta a los partidos. De por medio está la salud de los dominicanos, y contra ella no debe hacerse nada que agrave los padecimientos actuales. Ya la experiencia de las elecciones municipales ha dejado secuelas y lecciones, y oportunamente habrán de analizarse determinados pormenores acerca de su realización, cuando ya estaba entre nosotros el COVID-19.
No hay que descartar que en una coyuntura como ésta, algunos actores pretendan sacar ventajas, pero sensatamente, cualquier iniciativa en esa dirección haría un daño enorme.
Lo adecuado es que con responsabilidad las fuerzas políticas convocadas expresen sus opiniones ante la JCE, que además haya un diálogo, y se proceda según el interés de la Nación, de los dominicanos.
El tema está planteado y no hay lugar a evasivas. El plazo para pronunciarse también está establecido. Actúen.
