Privados de libertad son los más vulnerables al contagio del COVID-19

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Persnal médico toma una muestra a un privado de libertad de La Victoria.

Las cárceles son un conglomerado peligroso frente a la pandemia del COVID-19, y esto hace que los privados de libertad sean más vulnerables al contagio del virus en comparación con la población en general, inclusive, más que las personas con algunas enfermedades catastróficas.

Un ejemplo de ello es la Penitenciaría de La Victoria, donde ha llegado el virus y dos internos murieron por la enfermedad, y un se le hará la prueba a un tercero para determinar su falleció por el virus, lo que supone que corre peligro la vida de las más de 8 mil personas que guardan prisión aglomeradas y en estado de hacinamiento. Mientras que dos reclusos de la cárcel de San Francisco de Macorís dieron positivo al COVID-19.

En las cárceles, los reclusos habitan en espacios confinados con muchas otras personas y aplicar las medidas de distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus y la frecuente higiene y lavado de manos es una tarea imposible.

A esto se suma que los reclusos enfrentan otros factores que aumentan su riesgo ante el COVID-19, como el encontrarse en peores condiciones de salud y contar con un sistema inmunológico debilitado debido al estrés.

Esto es claramente explicado por la OEA, en su “Guía Práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas”, que además establece que otro factor que perjudica a los reclusos es la malnutrición y la prevalencia o coexistencia de otras enfermedades como la tuberculosis u otras virales sanguíneas.

Recomendaciones de la OEA

En el informe, la OEA establece que en las Américas hay aproximadamente 3,9 millones de personas privadas de libertad y que las prisiones pueden actuar como una fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas tanto dentro como fuera de estos establecimientos.

Es por esto, que recomiendan una serie de aspectos a tomar en cuenta. Entre ellas están adoptar medidas que reduzcan drásticamente la población de las prisiones y tengan un impacto inmediato en la situación de sobrepoblación y hacinamiento.
Considerar la detención y privación de libertad como una medida de último recurso y, cuando sea necesario utilizarla, asegurar que la interrupción de servicios públicos no sea un obstáculo para que una persona detenida sea llevada, sin demora, ante un juez.

Evitar utilizar la detención y posiblemente el encarcelamiento de una persona como forma de punición para aquellas personas que deciden no adherirse estrictamente a las instrucciones de confinamiento ya que puede exacerbar la grave situación de las prisiones.

Adoptar penas alternativas a la privación de libertad respecto a las personas que se encuentran en prisión preventiva.

Tener en cuenta que las personas privadas de libertad pueden pertenecer a otros grupos en situación de vulnerabilidad que requieran medidas adicionales de protección en función de sus necesidades particulares. Garantizar que nadie sea impedido de acceder a las medidas de prevención y tratamiento previstas en la respuesta estatal al COVID-19 por pandillas que “controlan” las prisiones o por el cobro de “cuotas” por parte de funcionarios del Estado145.

Implementar medidas que eviten la estigmatización o marginalización de personas o grupos que pueden ser considerados portadores del COVID-19.

Tener en cuenta que el contacto con el mundo exterior es importante para la salud mental de los reclusos y por lo tanto adoptar medidas para asegurar el contacto con sus familiares sea presencialmente, con la implementación de protocolos especiales que se adapten al contexto actual.

La Victoria y SFM

La crítica situación se refleja en lo que se está viviendo en la sobrepoblada y hacinada Penitenciaría Nacional La Victoria, donde se han contagiado varios internos y tres han muerto por la enfermedad. Ayer, se informó de la muerte de un recluso de este penal que padecía de tuberculosis, a quien se le realizará la prueba para saber si estaba contagiado. Las autoridades están conscientes de esta problemática. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, indicó que estos centros son “extremadamente peligrosos por la cercanía que obliga al confinamiento” y que por tanto están dentro de los privilegios que la Dirección de Epidemiología elige para la actuación. Informó que, ante esto están separando a los 7,285 privados de libertad alojados solo en el sector denominado Alaska y que han trasladado a 50 privados de liberad de la cárcel hacia un área de aislamiento como medida preventiva para evitar la propagación del virus. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que, de los internos trasladados, 13 dieron positivo a la enfermedad, 21 presentan síntomas y 15 son asintomáticos que tuvieron contacto con los positivos. Una vez allí son separados para realizar pruebas que confirmen o descarten su condición y determinar el tratamiento o regreso al recinto. También se inició un proceso de investigación para determinar cómo ingresó en este centro. Por otro lado, en la cárcel de San Francisco de Macorís dos reclusos dieron positivos al COVID-19, luego de estar recluidos en la misma celda, con otro interno que falleció presuntamente infectado del virus.

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