A propósito del COVID-19 hay especulaciones de que Danilo sigue pretendiendo quedarse. No logro entenderlo, puesto que la Constitución prevé otra cosa, la oposición se mantiene unificada en ese punto y las encuestas ponen a su candidato oficialista en tercer lugar..
El artículo 271 de la Constitución tampoco los ayuda, dice, in medio: “… No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en el artículo 262”. La oposición no dejaría pasar una reforma, lo demuestra lo ocurrido cuando el Congreso conoció la prórroga del estado de excepción, los días finales de la semana pasada.
El Senado empezó aprobando 25 días de prórroga, sin consultas, y cuando los diputados conocieron la resolución redujeron a 17 días. Tuvo el Senado que reunirse el sábado y volverlo a conocer y aprobar los 17 días, para evitar más vueltas, puesto que el lunes termina el plazo.
La oposición denunció en un comunicado dado a conocer por los voceros de la Fuerza del Pueblo, Dr. Henry Merán, y del PRM, Alfredo Pacheco, el mal uso de los recursos del Estado, lo cual se manifiesta con licitaciones fraudulentas, dispendios en publicidad del candidato oficialista usando los medios y presupuesto del gobierno, como si fueran propios, para hacer campaña en medio de la crisis y hacer creer que aporta para mitigarla.
La prórroga se aprobó hasta el 30 de abril, a la sazón deberá de evaluarse las condiciones de salubridad para determinar la permanencia del estado de emergencia.
De su lado la JCE ha hecho una consulta sobre la posposición de las elecciones presidenciales y de los representantes ante el Congreso Nacional, para el 17 de mayo; a esta solicitud el partido político Fuerza del Pueblo hizo pública su posición y depositó, en el plazo establecido por el órgano electoral, una instancia haciendo suya la sugerencia de la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, para posponerla para ser celebrada dentro de los 70 días siguientes, los domingos 12 y 26 de julio, primera y segunda vuelta, respectivamente.
La iniciativa legislativa podría ser de la JCE, quien tiene esa atribución constitucional de someter al Congreso proyectos de ley en materia electoral. Lógicamente, esa aprobación se lograría sin tropiezos si la iniciativa de la JCE se acoge de consenso por los partidos representados en este órgano electoral y en el Congreso legislativo. Luce posible ese consenso, puesto que la pandemia del Covid-19 tiene su curva, aún siendo necesario medidas de bioseguridad a ser contempladas por la JCE y los partidos. Para esas fechas, se espera que la curva haya bajado.
Hay quienes prefieren suponer que la pandemia se prolongaría hasta seis meses, para acogerse a lo que dispone el artículo 266, numeral 3, de la Constitución, que dispone: “Todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción”.
Tampoco eso será posible, no sólo por la posición de la oposición de que la Constitución no se toca, sino porque se debe hacer un gran esfuerzo para hacer ceder la pandemia, o aquí no quedará una empresa ni un empleo y las consecuencias serán fatales. La solución descansa en el consenso de todas las fuerzas del país y en un liderato experimentado.
