Ante la crisis sanitaria que ha repercutido en las cárceles del país por el COVID-19, la Red de Abogados Católicos pidió al presidente Danilo Medina indultar a los internos que estén próximos a salir en libertad, con la revisión de la Procuraduría y los jueces de la Ejecución de la Pena.
“Señor presidente, tenemos una gran preocupación por las cárceles y especialmente la de La Victoria que fue diseñada para 1,200 internos y hoy tiene una población de más de 7,000 internos, lo que ha dado hasta ahora como resultado de la pandemia, el fallecimiento de 7 internos y un sinnúmero de infectados”, apuntaron los abogados, en un documento firmado por su presidente, Martín Almonte García.

A continuación la carta enviada la Red de Abogados Católicos al mandatario.

Ante la dolorosa situación que sufre el mundo con esta pandemia del COVID-19, reconocemos el esfuerzo que usted viene realizando para ofrecer respuestas a los más necesitados sin embargo, consciente de que esta situación no es sólo responsabilidad del jefe del Estado sino, que debe ser una participación de todos en esta gran Cruzada.

“Proponemos, que las pruebas para detectar este virus sean adquiridas de gobierno a gobierno vía el Ministerio de Relaciones Exteriores; además, como somos una institución pluralista de profesionales del Derecho, le pedimos lo siguiente, indultar a los internos que estén próximo a salir en libertad, con la revisión de la Procuraduría General de la República y los Jueces de la Ejecución de la Pena.

“Señor Presidente, tenemos una gran preocupación por las cárceles y especialmente la de La Victoria que fue diseñada para 1,200 internos y hoy tiene una población de más de 7,000 internos, lo que ha dado hasta ahora como resultado de la pandemia, el fallecimiento de 7 internos y un sinnúmero de infectados.

“Queremos ser parte de la solución y a tal finalidad nos permitimos dar la siguiente como modesta recomendación: que en las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas puedan recibir una cantidad determinada de internos como son los casos de las escuelas de Barahona, Baní y San Pedro de Macorís, para trasladarlos con una formal evaluación de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones.

“Reconocemos y valoramos la respuesta dada al Inaipi, con la destitución y sometimiento a la justicia de los funcionarios que sean hallados culpables.

“Igualmente le pedimos, en la forma más respetuosa, que continúe sacando manzanas podridas de su Gobierno.
Dios y el Pueblo se lo agradecerán.
!Amén!”

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