Pandemia y consenso político

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La pandemia llegó en mal momento político: a días de las elecciones generales. En otro país quizás no fuera importante, pero en República Dominicana sí lo es. Aquí se vive en “política” permanente, a favor de unos o en contra de todo y de todos. “Nadie tiene razón, ni la verdad, solo nosotros”, dicen o piensan todos. Al final, nadie cree en nadie. Y esa falta de credibilidad, buena fe y confianza entre los actores, debilita la calidad de la democracia y afecta todo el sistema. Mientras, la pandemia llega y avanza.

Y empieza el debate electoral y todos se expresan, como debe ser: las universidades, con foros por la Web, los medios de comunicación y, lógicamente, los académicos. Mientras, la pandemia avanza.

Entre los opinantes están los abogados constitucionalistas y los politólogos, ambos creen tener el monopolio de la verdad y que sus tesis son excluyentes, en una logomaquía parecida a la definición de Borges sobre la guerra de las Malvinas, entre Argentina y el Reino Unido: “la pelea de dos calvos por un peine”. Y el debate sigue, y la pandemia también.

Ambos tienen argumentos para: A) El escenario electoral pospuesto para junio; y, B) La situación institucional de agosto, en caso de que el primer escenario no pueda cumplirse.

Al respecto, los abogados constitucionalistas discuten cual es el criterio, método o código de interpretación que debe ser aplicado e imperar. Uno de los cuatro clásicos, o el quinto u otro. O qué escuela o criterio de autor debe predominar. Que si la analítica de Hart, Nino y Guastini, u otra. O, que si la Teoría cognoscitiva o formalista de interpretación, o alguna teoría escéptica o, en cambio, una intermedia. Y, mientras sigue el hermenéutico lenguaje, la pandemia avanza.

De su lado, los politólogos (a quienes los abogados constitucionalistas han desplazado de casi todas las asesorías públicas y privadas), argumentan que las categorías del análisis son similares a otras crisis imprevistas en la vida institucional dominicana. Que, por ejemplo, si bien es cierto que en la crisis del 1994, la modificación constitucional se hizo rápido, respondió a unos dos meses de intensa búsqueda de consenso entre los actores políticos que son quienes, en última instancia, deben asumir la responsabilidad por los cambios, dejando de lado la lucha de facciones. Y mientras la pandemia avanza.

Estamos ante una situación inédita y existe un vacío normativo. Cualquier criterio utilizado tendría objeciones válidas, razonables y posibles para derrotarlo. Y, lo que sí está en juego es el valor supremo del sistema, que es la dignidad de las personas (ahí entra la salud y la vida), razones por las que debe darse, lo antes posible, un consenso entre los diversos actores de la vida nacional para sacar el tema electoral de la agenda y concentrarnos en la pandemia. Luego, al acuerdo a que se arribe se le busca el criterio de interpretación y las categorías sociopolíticas que le apliquen, procurando “salvar la mayor constitucionalidad posible” (García Guerrero), para que la pandemia se detenga, con la ayuda y buena voluntad de todos.

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