Una comisión conformada por varias organizaciones relacionadas con el tema penitenciario propuso una serie de medidas con el objetivo de que las cárceles sean descongestionadas para mitigar el impacto del COVID-19 en los privados de libertad.
Tras analizar la situación actual y sabiendo que la sobrepoblación y el hacinamiento en los recintos penitenciarios son extremadamente peligrosos, entiende que se deben disponer de libertades condicionales e indultos para evitar la expansión de la pandemia.
De acuerdo a datos obtenidos por la comisión, que está integrada por el presidente de la Academia Regional Penitenciaria, Roberto Santana; el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Richardson; el magistrado Rafael Báez y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, hay alrededor de 2 mil detenidos que pudieran estar en libertad ya que han cumplido su pena o han hecho acuerdos, pero cuyos trámites han quedado paralizados a raíz del cierre de los tribunales.
Mediante un informe, se explicó también que más de 300 reclusos en todos los recintos del país tienen orden de libertad y pudieran estar ya fuera de la cárcel y más de mil están presos por multa o por garantías económicas.
A su consideración, las autoridades no han sido suficientes ni urgentes en este tema, y el Estado puede asumir los casos antes mencionados y a través del juez de ejecución de la pena se pudiera variar las medidas judiciales.
Indicó que otra situación que se ha determinado es que el 35% de los más de 26 mil privados de libertad de las cárceles del país están presos por delitos menores y a quienes se les puede variar la medida o ponerlos provisionalmente en libertad. Añadió propuso las recomendaciones a las autoridades pero no han recibido respuestas.
