Un derecho irrenunciable

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La buena vecindad determinará el curso presente y futuro de las relaciones bilaterales con Haití y probablemente la calidez de nuestros nexos con organismos hemisféricos. Pero ese estadio de relación óptima entre dos naciones no depende solo de la actitud de una de ellas.
El gobierno haitiano ha mantenido una actitud muy hostil hacia la República Dominicana y esto no ayuda a sus nacionales, miles de los cuales han sido favorecidos con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación de ilegalidad. Sus acusaciones han encontrado eco en organismos internacionales, muy activos en sus críticas al país, atribuyéndonos intenciones xenofóbicas, como la presunción de promover deportaciones masivas indiscriminadas. Lo cierto es que el gobierno incluso ha dilatado las repatriaciones flexibilizando sus planes en interés de evitar un conflicto que Haití no parece tan interesado en alcanzar.

Por ejemplo, las autoridades vecinas llegaron a plantear que no admitirán a descendientes de haitianos nacidos en el territorio dominicano. Ese desafío plantea una inevitable confrontación, porque diariamente, y así lo ha admitido uno de sus embajadores en el país, decenas de parturientas dan a luz en hospitales dominicanos, la mayoría de ellas después de cruzar hacia este lado de la frontera con ese propósito. Tal actitud podría obligar al cierre de los puestos fronterizos para impedirle la entrada a miles de mujeres embarazadas necesitadas de un servicio de salud que no encuentran en su tierra. El gobierno ha pospuesto las repatriaciones como un gesto de buena voluntad, que no ha sido reciprocado por el vecino.

El país no debe renunciar a su derecho de trazar políticas migratorias conforme a sus intereses más legítimos.

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