El informe de la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el fallo del voto automatizado que provocó la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, establece que la Dirección General Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) obvió solicitar a la empresa proveedora una ampliación del ancho de banda que había pedido la Dirección de Informática el 6 de febrero, diez días antes de los comicios.
Ese dato está contenido en el anexo 4.3 de la página 108 del Informe Final de la auditoría para identificar la o las causas por las cuales no fue posible la correcta implementación del voto automatizado en las elecciones municipales de República Dominicana del 16 de febrero de 2020 que tiene un total de 249 páginas.
El punto cuatro de las conclusiones de la OEA señala que “permitir posteriormente el uso de una tecnología inalámbrica como módems 4g sin controles previos ni solicitud de soporte al proveedor, existiendo un antecedente de falla en la personalización de las elecciones primarias, resultó determinante para la materialización de la falla”.
La petición fue hecha de manera “urgente”
“Según se puede observar, dicho trámite “urgente” ingresó a la Dirección General Administrativa el día 6 de febrero del 2020. Esta evidencia muestra la improvisación en la organización, ya que se encontraban en el segundo día de personalización cuando solicitaron la ampliación”, comenta el equipo auditor del organismo regional. Añade que el responsable de redes de la JCE les comunicó a los auditores que la ampliación solicitada no se logró. Para esos servicios la JCE contrató a Claro, Altice y Viva.
En el anexo 4.2, el informe de la OEA señala que ya la JCE había tenido una falla similar en las pruebas de las primarias del 6 de octubre, pero que fue comunicado y la empresa proveedora de servicio lo resolvió. “Incorporamos este documento porque resulta de interés para la auditoría, puesto que en febrero del 2020 no se informó a la empresa para lograr su apoyo”, se observa.
El anexo 4.1 del informe critica que el Departamento de Informática no documentó el fallo ocurrido desde el día anterior en el sistema de votación. “Pese a que se validó el hallazgo y se comprobó en máquina el incidente de seguridad que afectó la integridad y la disponibilidad de los datos de la urna, no se pudo acceder a documentación sobre el mismo. Tampoco se incluyó en la relatoría una referencia alguna a esta falla, que se considera un incidente relevante por parte del equipo auditor”, subraya.
En la página 36 del informe se señala que el proceso de preservación del software (o congelamiento), solo se preservó parte. “Este procedimiento se centró en la máquina de votación. Particularmente, los artefactos involucrados en la auditoría y causa raíz del incidente de seguridad inicial, no estaban preservados”, puntualiza.
El equipo auditor deja constancia de que enfrentó problemas de demora por parte de la JCE para la entrega de información.
Señala que el 5 de marzo la entidad solicitó 12 requerimientos del voto automatizado y el 13 de ese mismo mes, el equipo de auditores envió otra comunicación al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, en la que expresó preocupación por la demora en la entrega de la información requerida.
“Dejamos constancia y expresamos preocupación por la demora en la entrega de la información requerida que se refiere a acontecimientos ocurridos en las elecciones del 16 de febrero, tales como contratos con proveedores, nómina de personal, entre otros, y en consecuencia no debería existir ninguna razón que justifique dicha demora”, señala en una comunicación el coordinador del proyecto, Ignacio Álvarez.
El Centro de Cómputos no tiene director
Las elecciones municipales previstas para el 16 de febrero fueron suspendidas por la JCE a las 11:11 minutos de la mañana de ese día, luego del reporte de un fallo generalizado en el sistema de votación automatizado que se usaría en 18 municipios que concentran el 61% de los votantes.
El evento generó una ola de protestas en el país que obligó al gobierno y a la JCE a pedir una investigación independiente a la OEA. El resultado de esa investigación fue presentado el 15 de abril y establece que la causa del fallo fue una errónea concepción del proyecto del voto automatizado, que fue formulado por la Dirección de Informática de la institución electoral.
Como respuesta, el pleno de la JCE canceló al director de Informática, Miguel Ángel García, y a otros dos técnicos de ese departamento como parte del proceso de reestructuración para el montaje de las elecciones para elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República reprogramadas para el 5 de julio.
Para resolver la situación, los partidos de oposición Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) propusieron al órgano electoral que los nuevos funcionarios del Centro de Cómputos sean escogidos en consenso con los partidos políticos, pero hasta ahora esa propuesta no ha recibido respuesta de parte de la JCE.
Luego del informe, el expresidente Leonel Fernández, que se opuso tajantemente al uso de ese sistema de votación automatizado, pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que preside Gisela Cueto, que investigue si el fallo en el sistema de votación fue o no intencional.
La JCE decidió usar el sistema del voto electrónico en las elecciones fracasadas de febrero a pesar de las advertencias de varios partidos políticos y de organismos como Transparencia Internacional que advertían sobre la potencial vulnerabilidad de ese tipo de sistema votación.
También se señalaba que el mismo había dado problemas en países del mundo de desarrolla y que varios lo habían descartado. De todas formas, la JCE siguió adelante con los resultados ya conocidos.
