Trabajadoras del hogar: “Estábamos siendo olvidadas sin ningún tipo de protección”

Grupos feministas reclaman respetar los derechos de las trabajadoras domésticas.
En el país hay cerca de 325 mil trabajadoras domésticas que constituyen el 5.6% de la mano de obra ocupada

Llevar comida a la mesa se ha vuelto cada vez más difícil para Magaly Herrera, una trabajadora doméstica soltera con tres hijos, que fue despedida por su empleador a principios de marzo, cuando el coronavirus comenzó a propagarse en el país.

Ocasionalmente, lava ropa y plancha para algunos vecinos que conocen su situación. “No me alcanza para mucho, pero es mejor que nada. Lo importante es que mis muchachos no se mueran de hambre encerrados en la casa”, manifestó Herrera, de 39 años, quien desde los 17 se dedica a brindar estos servicios.

En los últimos cinco años laboraba cuidando a una anciana en un hogar donde también tenía que asear y cocinar. “Me pagaron y me mandaron para mi casa. Uno lo entiende, porque con esa enfermedad hay que estar de lejos, pero para las trabajadoras domésticas es muy duro”, expresó.

Norma Jiménez es otra trabajadora del hogar. Fue suspendida a principios de abril. Afortundamente, sus empleadores decidieron apoyarla manteniendo su pago, a pesar de que solo va una vez a la semana.

“Los dueños de la casa están pendientes de mí, no me desamparan”, señaló Jiménez, de 45 años, cuyo esposo y uno de sus hijos también fueron suspendidos de sus trabajos recientemente, pero sin salario.

“Prácticamente, el único sueldo que entra a mi casa es el mío. Hago todo para que ese dinerito me rinda, hasta que las cosas vuelvan a ponerse bien”, contó.

Al igual que Magaly y Norma, miles de empleadas del hogar han sido suspendidas y canceladas desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en República Dominicana, de acuerdo con la Asociación de Trabajadoras del Hogar.

La semana pasada, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, se comprometió con verificar el estado de ese sector para buscarles una solución digna a su situación.

Tras varios reclamos del Foro Feminista, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, la Asociación de Mujeres Amas de Casa y la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia ante los despidos y suspensiones, Cedeño tocó una pieza clave para reivindicar los derechos de estas empleadas: el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Convenio 189 establece en 27 artículos una serie de regulaciones que van desde un régimen de salario mínimo hasta lo relativo a la protección de la seguridad social para las trabajadoras en casas de familias.

A pesar de que en el país ese acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional en el 2016, nunca se ha puesto en práctica.

“El incumplimiento de este Convenio por parte de algunos sectores de la sociedad, ha llevado a que muchas mujeres hayan quedado desprotegidas durante esta crisis”, subrayó Cedeño, en una alocución el pasado miércoles.

Las trabajadoras del hogar no han sido beneficiadas por el Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados (FASE) ni de “Quédate en casa”. Sin embargo, Cedeño solicitó un listado de las canceladas y suspendidas para verificar la pertinencia de su integración a este último programa de ayuda temporal para el sector informal.

La secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, Elena Pérez, valoró el anuncio de la vicepresidenta de la República, pero consideró que el Gobierno “no tenía necesidad de esperar por más de dos meses para ayudarnos”.

“Es el fruto de varios reclamos que hicimos ante el Ministerio de Trabajo y otras instituciones gubernamentales. Estábamos siendo olvidadas sin ningún tipo de protección, no habíamos sido ni incluidas ni mencionadas en ninguno de los programas de ayuda. Ya era hora”, declaró Pérez.

Calificó el impacto de la crisis en los hogares de estas trabajadoras como “crítico”. “Recibimos llamadas diariamente de compañeras que han sido canceladas o suspendidas, a veces con disfrute de sueldo y a veces no. Nos afecta mucho todo esto”.

Pérez aseguró que la crisis ha provocado que las canceladas busquen otras formas de generar ingresos, como brindar sus servicios a vecinos o familiares. “Muchas de ellas le tienen más miedo a no poder llevar el pan a sus hogares que al mismo coronavirus. Están viviendo días muy grises, pero se las arreglan como pueden porque hay bocas que alimentar”.

En su mayoría, las empleadas domésticas son jefas de familias o madres solteras. En República Dominicana existen alrededor de 325 mil de estos trabajadores, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), cuyo 96% son mujeres. Constituyen el 5.6% de la mano de obra ocupada en el país.

Reclamos

La vicepresidenta y encargada de Equidad de Género de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Eulogia Familia, señaló que la necesidad más importante para ese sector es lograr que se les incluya en la Seguridad Social y que al ser canceladas la ley contemple pagos de prestaciones laborales.

“Que duro es cuando una trabajadora pasa 20 años en un hogar y lo único que le dicen cuando ya no puede seguir dando el servicio es gracias. Es un trabajo como cualquier otro, deben haber leyes que nos protejan”, manifestó.

Familia explicó que el 80% de estas trabajadoras reciben salarios iguales o inferiores a RD$6,000 mensualmente, no se les paga horas extras, ni les corresponde el incentivo del 15% por la jornada nocturna. Actualmente, desde el CNUS lleva a cabo una campaña virtual para que la población y las autoridades hagan conciencia sobre los derechos de estas trabajadoras.

“Esta crisis mostró que los derechos de las trabajadoras domésticas no han sido una prioridad para el Gobierno. Aunque hemos reclamado por años, tuvo que venir una crisis para que nuestra voz sea escuchada, sostuvo.

Empleadores

César Lorenzo y su esposa tenían una trabajadora doméstica que se encargaba de sus dos niños y de los quehaceres de la casa. Tuvieron que suspenderla porque no querían arriesgarse a contraer el virus. Le siguen pagando ya que lo consideran justo.

“Es una forma de protegernos nosotros y protegerla a ella. Le pagamos porque también tiene que vivir, creemos que cancelarla no hubiera sido lo correcto. Esta crisis nos afecta a todos, pero a algunos más que otros. Hay que ayudarnos”, declaró Lorenzo.

Otro empleador, cuyo nombre quiso mantener en privacidad, afirmó que despidió a su empleada, porque su esposa fue cancelada a mediados de marzo y no podían costear más ese pago.

Debido al COVID-19 el Gobierno dispuso medidas de distanciamiento social, el cierre de negocios no esenciales, así como un estado de alarma para evitar la propagación del virus.

Compromiso
Discurso. La Vicepresidenta se comprometió a buscar una solución a la situación de las trabajadoras domésticas.

Convenio 189
Protección. Diversas entidades feministas han estado abogando por el cuimplimiento del texto.

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