El Consejo del Poder Judicial aprobó el plan de continuidad de las labores judiciales en el cual se establecen los lineamientos que guiarán el proceso de reintegración a la jornada laboral de forma presencial.

El plan favorecerá el desarrollo gradual de las labores administrativas y jurisdiccionales, apoyado en herramientas digitales y tomando las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

El órgano destaca en su resolución 004-2020 que para minimizar riesgos ante el retorno a las labores administrativas y jurisdiccionales, de forma presencial, se han tomado previsiones para garantizar las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo, tomando como referencia las medidas internacionalmente aconsejadas. A fin de mitigar el riesgo de propagación, se establecerán centros de control tanto en las entradas peatonales de los edificios como en los parqueos de las sedes del Poder Judicial, donde se deberán cumplir las normas de seguridad recomendadas para prevenir el contagio.

En cuanto a la labor jurisdiccional y administrativa, el plan de continuidad contempla la apertura gradual, partiendo de la fase actual en donde se mantienen en funcionamiento, únicamente, las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal. En todo el territorio nacional las OJSAP, además de sus atribuciones ordinarias, han atendido los casos de urgencia tendentes a la protección de derechos fundamentales que puedan reclamarse mediante el hábeas corpus y las acciones de amparo.

Primero, el Poder Judicial realizará limpieza y adecuación de sedes judiciales, definición del personal que trabajará de forma presencial, simulacro de controles de acceso, divulgación del plan de retorno, distribución de materiales de protección a servidores judiciales y organización interna de los trabajos jurisdiccionales y administrativos. Se prevé una fase inicial, una intermedia y una avanzada, con el orden y las fechas en que cada Distrito Judicial, y sus dependencias y se retornará a las labores administrativas y jurisdiccionales de forma presencial habilitando su acceso al público en función de la realidad sanitaria del país.

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