Dicen debe haber un sistema de seguridad social más moderno, que garantice los derechos de todos los ciudadanos
La baja cobertura, la intervención del Estado, la edad de pensión, la informalidad, los bajos salarios, así como el tipo de sistema, deben ser los temas más importantes a debatir cuando a partir de septiembre se inicie el proceso para la modificación integral de la ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social.
Así lo han considerado varios expertos en la materia al participar en la primera parte del webinar «El futuro de la Seguridad Social luego de la pandemia del COVID-19», organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
El senador José Rafael Vargas, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, sostuvo que el sistema de capitalización individual  no ha funcionado como corresponde en el país porque se enfrenta a desafíos como los bajos salarios, el trabajo informal, y las bajas contribuciones.
«La solución que yo veo es que necesariamente hay que mejorar los salarios de los trabajadores, para que tengan una mejor contribución mensual al sistema de pensiones y así aumentar la cotización que hace mensual el empresariado, pero también debe haber un sacrificio del Estado», comentó Vargas.
Señaló que a pesar de tener aproximadamente 20 años con ese sistema, actualmente en el país hay alrededor de 3.6 millones de dominicanos que todavía no pueden participar en el mismo, lo que representa según dijo, un problema de fondo que puede resolverse, entre otras cosas, con mayor intervención del Estado, a nivel económico.
Explicó que esa participación del Estado podría ser un aporte anual de 20 o 25 mil millones de pesos, para engrosar el fondo de pensiones de los trabajadores. «Lo ideal es fortalecer el régimen de capitalización individual», agregó.
Igualmente, manifestó que el sistema debe brindar respuesta a más de 50 mil deudos de afiliados fallecidos a quienes no se les ha devuelto su dinero, así como a aquellas personas mayores de 70 años que comenzaron tarde en el sistema de pensiones y que no podrán lograr las 360 cotizaciones necesarias para garantizar su pensión.
Otro de los temas que tocó fue el de las pensiones solidarias. Enfatizó en que «hace tiempo que debió resolverse ese problema a mucha gente, fundamentalmente a los cañeros y muchos trabajadores de la construcción, que debieron ser beneficiados con ese régimen».
«Hay unos recursos que deben utilizarse para eso. Hace poco entregaron unos 12 mil millones al antiguo IDSS, ¿por qué no se resuelve ese problema? Aunque sea de 5 o 7 mil pesos a cada uno», agregó en ese sentido.
Apuntó que en las discusiones a partir de septiembre debe primar un compromiso de todos los sectores y especialmente del Gobierno.
Entre tanto, Eduard del Villar, subgerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), dijo que las modificaciones del sistema deben garantizar que el trabajador al momento de su retiro reciba lo mismo o cerca de la cantidad que cobraba cuando laboraba.
Lamentó que el país posea una de las tasas más bajas, ya que «el trabajador dominicano aporta para su pensión de forma particular 2.87% de un salario muy bajo».
Indicó que, de acuerdo con datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el 73% de los trabajadores dominicanos cotiza por debajo de 24 mil pesos, de los cuales el 40% cotiza con un salario aún más inferior.
«¿Qué pensiones podemos entregarle a las personas bajo un esquema de sistema de cuentas individuales, donde los ahorros actuales que tenemos son muy bajos?», cuestionó.
Entre los aspectos que señaló deben ser tomados en cuenta para garantizar una ley que favorezca más al trabajador, citó el de analizar la tasa de cotización, la edad de retiro, y el tratamiento impositivo a las pensiones, sobre todo a las de sobrevivencia.
Lamentó que aunque existe un gran número de personas que tienen derecho a la pensión por sobrevivencia, cuando estas la solicitan «se dan cuenta de que los costos impositivos asociados se llevan casi el 30% de los fondos que van a retirar».
Sistema arrastra dificultades
En tanto, Rafael (Pepe Abreu) puntualizó que el problema del sistema de seguridad social es de fondo. Aseguró que el régimen para pensionados arrastra desde antes de la actual crisis sanitaria varias dificultades, ya que se trata de un sistema que deja fuera de su cobertura a más de la mitad de la población que labora.
Agregó que en el proceso de septiembre el sistema de capitalización individual debe ser cuestionado y discutido a fondo.
Lamentó que «este sistema no ofrece certidumbre de cuál será la tasa de reemplazo. Nadie puede afirmar que va a recibir una pensión de una cantidad específica cuando llegue la hora».
De su lado, Diego Valero, presidente de la Consultora de Pensiones Novaster, consideró que República Dominicana debe enfocarse en tener un sistema de seguridad social «más moderno, que garantice los derechos de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores, y que todos tengan unas pensiones dignas con las que puedan vivir».
Valero comparó el sistema nacional con el de otros países. Apuntó que en la escena internacional el debate ya no está entre reparto y capitalización individual sino entre sistema eficientes y sistema no eficientes.
«En el mundo hay sistemas eficientes de reparto y hay sistemas eficientes de cuentas individuales. Y lo que hay que buscar es lo que es más adecuado para cada país», contó.
Valoró que la ley 87-01 en su momento fue una ley moderna, «buena en líneas generales comparativamente con otros países. Pero no se ha desarrollado».
Dijo que las premisas que tenía la ley no todas se han llevado a cabo, como pensiones solidarias, la incorporación de los trabajadores independientes, o los bonos de reconocimiento.
«Quizás antes de pensar que hay que cambiar todo de arriba abajo, lo hay que hacer es desarrollar lo que no se desarrolló. Y si lo que no se desarrolló creemos que no tiene sentido, se debe analizar y debatir», explicó.
Valeró enfatizó en que «la gran lacra» de las pensiones dominicanas es la informalidad laboral, que ha impedido que el 60% de la población no cotice en el sistema.
Citó que los independientes, las pensiones mínimas, y la informalidad son tres aspectos esenciales que hay que tocar «sí o sí» en el proceso de septiembre.
Tocó el tema de la edad de jubilación, de la cual comentó que lo que se está haciendo en los países más avanzados en sistemas previcionales es no cambiar la edad de jubilación sin más, sino vincularla a la esperanza de vida: «a medida que crece al esperanza de vida, crece la edad de jubilación».
Por su parte, Arlette Pichardo, investigadora asociada al OSES, manifestó que la mayor preocupación debe estar en aquellas personas que están fuera del sistema.
«Los que están dentro del sistema, tienen una serie de condiciones que tenemos que mejorar, pero los que están fuera, creo que esos deben ser la gran preocupación», dijo.
Añadió que otro elemento que se debe debatir son aquellas personas que estaban dentro del sistema y ahora están suspendidos o cancelados debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
«Creo que tenemos que plantearnos esos tres grupos si de verdad queremos que el sistema de pensiones esté en función para la gente», sentenció.

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