Desde que la COVID-19 comenzó a hacer estragos, tanto en el país como otros de la región, se ha hablado mucho sobre el hacinamiento y la sobrepoblación penitenciaria. Son graves problemas que han estado presentes desde años y lo que ha hecho la pandemia es potencializarlos.
Todo esto, además, refleja la responsabilidad de los actores judiciales y del Estado (de cada país) frente a la problemática, que es altamente grave.
Sobre este planteamiento coinciden varios panelistas que expusieron sus ideas en el webinario “Personas privadas de libertad y COVID-19”, organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Es una situación que se venía planteando desde antes, respecto de las cuales, poderes de los respectivos Estados nunca prestaron atención”, indicó Raúl Zaffaroni durante el encuentro virtual.
Bombas virósicas
Zaffaroni, juez de la Corte IDH, explicó que las cárceles sobrepobladas se convierten en bombas virósicas, donde el virus se difunde con mayor rapidez que en la sociedad libre, lo que contribuye un riesgo de que colapsen los sistemas de salud. “En consecuencias esto se refleja en un riesgo de vida para la totalidad de la población en algún momento nos podría faltar una cama para la atención de cualquiera de nosotros”, agregó.
“El estallido de la situación que provoca la aparición del virus, no hace más que poner de resalto la situación gravísima, la cual cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de no haberla interrumpido en su momento”, dijo.
Para Ana Isabel Garita, exministra de Justicia de Costa Rica, la crisis provocada por la pandemia “nos pone frente a una realidad que teníamos ahí presente en todos nuestros países como una deuda histórica frente a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
A su consideración esto es un tema de gran trascendencia, como también lo es gran responsabilidad del Estado frente a la tutela de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y su responsabilidad de garantizar estos derechos, “y claro está en las circunstancias actuales en las que nos enfrentamos a una inédita y nueva emergencia sanitaria provocada por la pandemia el COVID-19 asume una relevancia especial”.
La abogada especialista en derecho penal y criminología afirmó durante el webinar que la sobrepoblación carcelaria en América Latina alcanza en algunos países cifras de hasta el 380 por ciento.
Garita, dijo, además, que no se necesita ser muy imaginativos para responder a esta crisis porque ya se han comenzado a probar y enseñar medidas que dieron resultados importantes, que, aunque no fueron suficientes, dieron resultados que podrían permitir la despoblación carcelaria y superar los temas de hacinamiento.
Otro tema que preocupa, explicó, es la prisión preventiva, que en algunos países de la región tienen aproximadamente el 60 por ciento de la población penitenciaria con esta medida de coerción.
“O sea, que tenemos estructuras carcelarias, todo un sistema de justicia, desde el punto de vista penitenciario, trabajando para recluir a personas que ni siquiera sabemos si han cometido un hecho delictivo y sobre todo por un hecho de mínima relevancia”, agregó.
Expuso, también, que de acuerdo a su experiencia el sistema de justicia de Costa Rica, la flotación de esa población es enorme, es decir, se utiliza la cárcel como un mecanismo, o como un pretendido mecanismo de socialización en donde las mismas personas entran y salen por un periodo muy corto de encarcelamiento lo cual conlleva sistematizaciones tremendas para ellos, para sus familias y sus comunidades que reproducen.
Menos cárcel
Mientras que Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, Argentina, afirmó que la como lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, el hacinamiento no solo se resuelve con más cárceles, sino también con menos cárcel.
Una cuestión, dijo, que en este contexto pone una vez más a consideración el problema de la responsabilidad judicial.
Erbetta sostuvo que la pandemia de la COVID-19 ha introducido un factor de riesgo concreto dentro de las cárceles y ha potenciado esta problemática, y que las consecuencias de la superpoblación carcelaria y el hacinamiento ya han sido condenada por diversas jurisprudencias internacionales ante de la pandemia y en la actualidad.
“La mayoría de los organismos internacionales se han pronunciado sobre el riesgo que implica la pandemia en los lugares de concentración en los lugares de encierro, específicamente las cárceles y los lugares donde se encuentran privadas de libertad las personas… en todos los casos, estos organismos internacionales han sumado recomendaciones, como medidas alternativas al encierro”, manifestó.
Este webinar, que tuvo como objetivo crear un espacio de diálogo y reflexión académica sobre el tema, es parte del Ciclo de Conferencias “Los desafíos e impactos presentes y futuros del COVID-19 para los derechos humanos y el Estado de Derecho”, que organiza la Corte IDH, la cual tiene la función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas.
