Es innegable que el gobierno juega a la política en el programa de combate a la pandemia, que coincide con un período que en situaciones normales era electoral. Ya las elecciones para escoger al presidente y vicepresidente de la República debieron efectuarse, pero se pospusieron para el próximo 5 de julio.
La respuesta a la situación provocada por la presencia del coronavirus se caracteriza por un conjunto de componentes. Siguiendo el protocolo generalmente aceptado por las naciones, de aislamiento y distanciamiento social, el gobierno debía buscar medidas paliativas que atenúen los sufrimientos de los ciudadanos que quedaban sin ingresos cuando se decretó el cierre del país. La orquestación del plan tuvo una alta concentración en los mayores núcleos poblacionales, que son los más vulnerables, y obedeció a una estrategia que combinó el papel del gobierno y la potenciación de sus agentes en medio de un proceso electoral.

A mayor alcance social de los programas, más rentabilidad política, parecía ser la regla. Y de alguna manera surgió una percepción algo contradictoria, de que valía tanto prolongar la emergencia como el combate efectivo de la pandemia. Muchos cuestionaron la lentitud del gobierno en aplicar masivamente las pruebas para detectar el coronavirus, y cómo por momento acceder a las mismas se constituyó en privilegio de las élites.

Los agentes del gobierno orientaron todo el gasto social centrado en mejorar sus posicionamientos con fines electorales. Una perspectiva perversa pero conveniente. Así, las declaratorias de emergencia a que se vio obligado el Congreso Nacional obraron en atención al manejo del tiempo, dada la proximidad de unas elecciones donde se decidirá quiénes se quedan con el poder.
La parte opositora ha aprobado sucesivamente tres períodos de emergencia, o extensiones, dada la necesidad del momento, y al mismo tiempo, en la comprensión de que es su manera de apoyar al gobierno para administrar la crisis.

Sin embargo, los estados de emergencia suelen aprovecharse ventajosamente, sea por denunciadas compras sobrevaluadas o manipulación de las ayudas que provee el gobierno nacional. En una competencia electoral resulta muy difícil ejercer la oposición. La desventaja resulta abrumadora.

Otra vez los diputados están en el trance. Pero no tienen alternativa. Deben aprobar, quizás por última vez, el estado de excepción. El trago político es fuerte.

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