Hemos visto cómo a George Floyd, un ciudadano negro de 46 años, ya detenido, esposado y puesto boca abajo en el pavimento, un agente de la Policía de Mineápolis, Estados Unidos, el lunes de la semana pasada, lo sometió con una rodilla, le aprieta el cuello durante varios minutos, hasta que termina muerto en un hospital.
Esa escena, que fue filmada con un teléfono móvil, indignó a la población afroamericana y a ciudadanos norteamericanos en general, y desató una ola de repudios contra la actuación policial, que ha afectado el desenvolvimiento de al menos 25 ciudades, en las cuales ha sido necesario decretar el toque de queda nocturno y movilizar 5 mil militares de la Guardia Nacional para tratar de contener la violencia. Todo eso en medio de la pandemia por COVID-19.
La violencia policial contra los negros norteamericanos es una constante y está enraizada en la historia de ese país desde los tiempos de la esclavitud. Según estadísticas, “del total de muertes a cargo de la policía, casi un 25% de las víctimas son afrodescendientes, una comunidad que representa un poco más del 13% de la población estadounidense. Las cifras se refuerzan con un estudio publicado en 2019 a partir de datos recopilados por el consorcio de periodistas Fatal Encounters y los del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, los cuales concluyen que los afrodescendientes son 2,5 veces más propensos a ser asesinados por la policía en Estados Unidos que la población blanca”.
Con alguna frecuencia, cuando ocurre un hecho como la muerte de George Floyd, la población negra reacciona, y un buen porcentaje de los blancos se identifica con su causa. Es perceptible la sensibilidad frente a los abusos con motivaciones raciales.
Aquí en República Dominicana también sufrimos la violencia policial, aunque sin el sesgo racial de Estados Unidos. Pero violencia al fin, que sin embargo no tiene respuesta social. La muerte de Floyd hace pensar en el asesinato del abogado Argenis Martínez, a manos de varios policías, que igual fue filmada con un móvil. Pero los dominicanos no reaccionan, y fue investigada porque el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún Hernández, denunció el hecho y asumió la defensa de su compañero.
Repudiamos toda forma de violencia, en todas partes.
