La mayoría de los venezolanos residentes en el país son profesionales y podrían contribuir a recuperar la economía tras la crisis provocada por la COVID-19, pero las dificultades para tener un estatus legal y poder trabajar, son mayores de las que se pensaba y ahora se agrava mucho más con la llegada de la pandemia.
Uno de los obstáculos a los que se enfrentan los suramericanos son los pagos extraoficiales que se ven obligados a realizar en su país de origen para que se agilice el proceso de documentación y poder residir legalmente en la República Dominicana, a donde han emigrado por la crisis que se vive desde hace tiempo en Venezuela.
El estudio “Promoción de medios de vida para población venezolana en República Dominicana”, plantea que, una parte de los conocimientos y talentos que se necesita para enfrentar la crisis causada por el virus, están en los venezolanos, que cuentan con estudios superiores, principalmente en economía, administración, salud, pedagogía y educación.
Pero también el documento, realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM RD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), detalla los altos costos económicos que conlleva poder tener el tipo de visa que se necesita (dependiendo del caso) para estar legal.
Lo primero es que, en todos los casos, aquellos interesados en migrar legalmente a República Dominicana deberán presentar una solicitud en el consulado dominicano en su país de residencia, en este caso Venezuela.
Este trámite debe realizarse personalmente, lo que representa un costo de transporte aéreo tanto para el solicitante como para cada miembro de su familia. En caso que el solicitante se encuentre ya en República Dominicana y tenga que salir del país, estará sujeto al pago de una penalidad por estadía prolongada.
Entre la tasa de penalidad de salida, el pago de impuestos en la aerolínea venezolana, el pasaje aéreo, la solicitud de visa y los documentos requeridos en Venezuela, el solicitante podría gastar 832 dólares individualmente, y si es junto a su familia el costo puede ascender a 1, 664 dólares.
Corrupción
A todo esto, hay otro de los mayores problemas, la corrupción.
Los documentos oficiales venezolanos solicitados por el consulado dominicano pueden tomar varias semanas e incluso meses para poder ser gestionados.
El informe señala que, durante las entrevistas y grupos focales, la totalidad de los participantes mencionaron que, si bien la tramitación de documentos en Venezuela debiera ser gratuita o bien con costos simbólicos, existe la necesidad de hacer pagos extraordinarios (fuera del proceso legal) a gestores en Venezuela para agilizar los trámites, estos pagos oscilan entre los 100 y 500 dólares por documento. La situación los expone a ser víctima de estafas.
En caso de no hacer estos pagos se han documentado casos donde el proceso ha tomado hasta 10 meses. Todo esto podría ser en vano, ya que la realización de este trámite no garantiza la admisión al país. Hay casos de personas que fueron a Venezuela a iniciar su proceso de regularización y les fue negada la visa.
En dado caso de que sea expedida la visa, es necesario hacer el proceso de residencia temporal. Aquí el solicitante debe incurrir en otros costos, ya que, con el pago al momento de depósito, el examen médico adultos y el seguro de repatriación, más la visa y la residencia puede gastar unos 1,610 dólares individual y 3,282 dólares si es con la familia.
Estos costos fueron elaborados con datos de la base en datos públicos de la Dirección Nacional de Migración de la República Dominicana y aseguradoras.
El documento señala que una vez realizado el trámite se otorgará una residencia temporal con duración de 12 meses, previo a finalizar este período se deberá renovar la residencia, para esto no es necesario regresar a Venezuela, pero sí realizar un pago de depósito y seguro de repatriación nuevamente para cada miembro de la familia.
Otras limitantes
Pero además de las limitaciones económicas, existen otros dos temas que complican la regulación de los venezolanos en el país. Conforme a la información levantada por medio de las encuestas que realizaron para el informe, los riesgos y la motivación del empleador son obstáculos que merman la capacidad del nacional venezolano para regular su estatus migratorio.
Por ejemplo, al representar la regularización migratoria una inversión tan alta, los empleadores no están dispuestos a asumir el costo, a menos que el beneficiario tenga una especialidad muy escasa en el mercado laboral o que el rango de responsabilidad sea muy alto dentro de la empresa.
