La pandemia lo paralizó todo. Impactó todo y todavía son muchos los daños que sigue sufriendo la humanidad, en cuestiones básicas y fundamentales, y en lo principal, la salud y la vida.
Algunas actividades esenciales para la sobrevivencia funcionaron siempre y deben continuar, otras se han ido incorporando en lo que las poblaciones de los diferentes países van aprendiendo sobre el coronavirus.
Más allá de la sobrevivencia material, está la salvaguarda de las cuestiones consustanciales a la vida humana, como sus derechos, y dentro de ellos, la vigencia de instituciones como la justicia, que aún en medio de las peores circunstancias, debe prevalecer como garante de las relaciones entre los individuos, entre los individuos y las instituciones, entre el poder establecido y los gobernados.
Sin una administración del régimen judicial, la sociedad retrocede a las tinieblas de la tiranía. Durante una pandemia que lo amenaza todo, los responsables de la justicia deben hacer todo lo necesario para que las personas no pierdan su condición, a consecuencia de la disminución de sus derechos.
Esta inquietud no es el producto de la demanda del derecho al trabajo de los abogados que presionan porque los tribunales abran y que los responsables del poder judicial vuelvan a sus puestos.
No. Es la vigencia del estado de derecho. Y es que el poder judicial no debe permitir que muera.
En tal virtud, corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia buscar los medios para que los derechos de los privados de libertad, de las personas con procesos en desarrollo, de todos aquellos que aspiran a recuperar sus vidas fuera de las cárceles, no sean víctimas de la propia justicia o de una justicia tardía.
También entran aquí los intereses en juego en la sociedad económica y social, que también pasan por la instancia judicial, llamada a dirimir los asuntos de su competencia.
En pocas palabras, que el Poder Judicial debe explorar las vías, más allá de los llamados juicios virtuales, para que la justicia vuelva plenamente por sus fueros.
