Una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en casa durante un mes y el 32.3% señaló la necesidad de contar con apoyo PNUD) y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) a 421 personas con discapacidad, arrojó que el 69.9% no cuenta con los medios necesarios para sobrevivir psicológico durante la pandemia
La encuesta “Situación COVID-19 y personas con discapacidad en República Dominicana”, fue realizada durante 10 días en abril de forma online. Se efectuó con el objetivo de obtener información y datos, para crear soluciones más ajustadas a la realidad de las personas con discapacidad en la transición a la nueva normalidad.
Ruth Fernández, asesora en inclusión y derechos humanos del PNUD, señala que el 56% de los consultados para la encuesta tiene discapacidad físico-motora, un 18% intelectual, un 9.8% visual, un 7.6% auditiva y en menor grado psicosocial y múltiple.
En el país existen unas 708,597 personas que padecen de algún tipo de discapacidad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2013).
Entre los principales hallazgos de la encuesta destaca que el 70% informó que conoce los canales de comunicación oficiales y donde obtener información sobre Covid-19, pero el 67.4% dijo no haber recibido informaciones con recomendaciones específicas para personas con discapacidad, y el 78.4% desconoce medidas, programas o iniciativas puestas en marcha por el Estado que tomen en cuenta a estas personas.
Las personas respondieron que entre los servicios que se espera les sean garantizados por el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, se encuentran mejores mecanismos para proporcionar atención médica, apoyo económico, mecanismos accesibles para solicitar ayuda, entrega a domicilio de medicamentos, acceso a servicios habituales como certificación de discapacidad, apoyo psicológico, acceso a servicios habituales de dispositivos de apoyo e información en formatos accesibles.
El 45.8% de las personas encuestadas es económicamente activa y un 28.0% afirma haber sufrido una reducción de salario. Además, el 28% perdió su trabajo temporalmente y 23.6% perdió su trabajo de forma permanente por la situación del Covid-19. Estas cifras muestran la fragilidad laboral y económica de esta población a causa de la pandemia.
Por otra parte, el 17% afirma que su derecho a la salud, a servicios públicos y al trabajo han sido violados y un porcentaje reducido pero importante (5.4%) afirma sufrir algún tipo de maltrato o violencia. Al desagregar por sexo fueron más mujeres que hombres las que sufrieron maltrato.
Además, el 25% de las personas no han podido continuar con sus tratamientos médicos, ni acudir a un centro de salud por el COVID-19.
En PNUD apunta que las medidas de emergencia y recuperación del Covid-19 deben guiarse por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. “Es imprescindible que las personas con discapacidad estén en el centro, participando como agentes de planificación e implementación”, recoge una nota de prensa.
“Todas las acciones relacionadas con COVID-19 deben evitar cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad y tener en cuenta las intersecciones de género y edad. Solo así se puede lograr la promesa central de «no dejar a nadie atrás»”, resalta el documento
