El 9 de mayo del 2001, el presidente Hipólito Mejía promulgó una de las reformas estructurales más trascendentales de la historia de la Nación: la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y estableció el sistema de pensiones basado en la capitalización individual que inició a mediados del 2003.
Habían pasado exactamente diez años de la invitación extendida por la Fundación Economía y Desarrollo a José Piñera para visitar el país. Piñera, ex Ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile durante 1978-1980, fue el arquitecto de las reformas laboral y de pensiones basada en la capitalización individual que han contribuido al progreso económico y social de Chile. José, hermano de Sebastián, el actual presidente de Chile, nos visitó del 12 al 14 de mayo de 1991. A finales de enero de 1998, volvimos a contactarlo para que viniese de nuevo al país, esta vez invitado por la ANJE que presidía Eduardo Grullón. En su segunda visita, Pepe Piñera narró la historia de su libretita de ahorros de pensiones que, escoltada por el sentido común, había iniciado una cruzada mundial que fue convenciendo a gobiernos y políticos de países desarrollados y en desarrollo, de los beneficios del nuevo sistema de pensiones mandatorio de capitalización individual.
Después de escucharlo, la totalidad de los 800 asistentes a la conferencia de Piñera comprendieron que el sistema que Chile había inaugurado en 1981, constituía una alternativa sensata al desfinanciado sistema contributivo de reparto, también conocido como Pay-As-You-Go (PAYG), impuesto en 1881 por el primer canciller alemán Otto von Bismarck con el objetivo de evitar la migración de los trabajadores de clase media hacia la geografía socialista.
En septiembre de 1996, la Fundación Economía y Desarrollo publicó el libro El Programa: Programa Macroeconómico de Mediano Plazo para la República Dominicana 1996-2000. Piñera, quien revisó la propuesta de reforma de pensiones planteada en el libro señaló que “este Programa propone una estrategia de desarrollo que puede sacar a la República Dominicana del subdesarrollo y la pobreza. Basta recordar que un país que crece al 7% al año dobla su PIB en diez años y lo cuadruplica en veinte. Como son las ideas las que mueven al mundo, este equipo ha hecho una contribución notable a un país mejor para todos, y especialmente para los más pobres.”
La reforma del sistema de pensiones que propusimos se basaba en el principio de la capitalización individual. Recomendamos una contribución obligatoria del 12% del salario, la cual sería pagada en un 67% por el trabajador y 33% por la empresa.
Considerábamos que mientras a la empresa le correspondía asumir el mayor aporte al seguro de salud del trabajador durante su vida laboral, a este último le correspondía hacer la mayor contribución para financiar su pensión durante la vida en retiro. En 1998, el Gobierno de Leonel Fernández sometió un proyecto de ley que establecía un sistema de dos pilares, uno de reparto y otro de capitalización individual. El esquema híbrido no concitó apoyo. Los economistas dominicanos en aquel entonces no estaban muy familiarizados con los sistemas y modelos previsionales, un área que parecía estar reservada, con exclusividad monopólica, al conocimiento de abogados laborales que enarbolaban una bandera con el lema “Dios, Bismarck y Reparto” plasmado en su escudo. Nuevas versiones fueron presentadas por varios senadores.
La reforma, como ya mencionamos, tuvo que esperar a la administración de Hipólito Mejía. En vez de 12%, la cotización inicial se estableció en 5%, la cual fue subiendo gradualmente hasta alcanzar 8% en el 2009, una de las más bajas del mundo entre todos los sistemas de pensiones existentes, sean de reparto o de capitalización individual. La distribución del aporte prácticamente se invirtió: 30% por el trabajador y 70% por la empresa. A pesar de la bajísima cotización que ha promediado 7.40% del salario durante el período 2003-2020, y de que sólo el 31.4% de los trabajadores ocupados en el período 2003-2020 ha cotizado al sistema de pensiones de capitalización individual, en los casi 17 años de vigencia del sistema, los ahorros de pensiones pertenecientes a trabajadores afiliados al mismo registraban, a mayo del 2020, un valor acumulado de RD$593,765 millones, equivalente a 13% del PIB. Si se hubiese adoptado la cotización de 12% que propusimos, los fondos de pensiones representarían un 20.9% del PIB, muy parecido al 20.3% que alcanzó Uruguay, con esa cotización, al final del año 17 de su reforma.
Esa reforma trascendental está siendo asaltada. No para ser mejorada a través del aumento necesario en la tasa de cotización que la lleve de 8.4% a 12%. No para flexibilizar las normas que limitan la diversificación de la cartera de inversión de los fondos de pensiones que administran las AFPs. Está bajo asedio por un ejército de populistas en campaña que, rentando la ignorancia en matemáticas y finanzas actuariales de un segmento de la población, han denostado permanentemente el sistema y ahora persiguen herirlo de muerte con un proyecto de ley que echaría por el suelo el carácter mandatorio del sistema, al autorizar el retiro anticipado del 30% de los fondos que cada afiliado tiene en su cuenta de pensiones.
La clase política responsable del Gobierno y de la oposición ha externado públicamente su rechazo a este proyecto, sin importar el costo político que ese rechazo le acarree en medio de la campaña electoral. Otros, sin embargo, se han integrado a la inquisición populista que favorece que una parte considerable del ahorro acumulado para financiar las pensiones del trabajador, sea entregada ahora por las AFPs a todos los afiliados. Está claro que los populistas en campaña, en adición a atraerse el voto de la ignorancia que tratan de rentar, forman parte de un grupo de resentidos con la ejecución de la reforma de pensiones ejecutada en el 2001. ¿Por qué lo decimos? Porque ninguno de ellos recordó que existen otras vías para complementar el aporte mensual del Gobierno de hasta RD$8,500 a cada trabajador durante el “Quédate en Casa” y de esa manera elevar el ingreso necesario para sostener a sus familias. ¿Por qué razón, conscientes de que el Banco Central ha ejecutado una política monetaria expansiva para canalizar cuantiosos recursos a los bancos, a ninguno de los profetas del populismo se les ocurrió la idea de someter un proyecto de ley para autorizar a las empresas a avanzar, si los trabajadores lo solicitan, una parte de las prestaciones laborales acumuladas por cada trabajador por concepto de cesantía, monto que se deduciría en el futuro en caso de que la empresa decidiese ejercer el desahucio? Esos son pasivos contingentes que tienen las empresas y deberán pagar en algún momento. Para las empresas, la operación resultaría en un simple intercambio de pasivos: un pasivo contingente por una deuda con el banco.
Incluso, el Banco Central habría provisto una línea de crédito especial, a una baja tasa de interés, para que los bancos pudiesen prestar a aquellas empresas sin liquidez para avanzar el pago parcial de prestaciones laborales. Un avance contra las prestaciones laborales no afectaría negativamente el balance que tiene cada trabajador en su cuenta pensiones.
¿Por qué no pensaron en girar contra “fondos de cesantía” que no generan intereses al trabajador, una fuente más apropiada, en el caso que enfrentamos, que los fondos de pensiones? Porque el objetivo no era auxiliar a los trabajadores a quienes engañan descaradamente al ofrecerles hoy, un avance de su fondo de pensiones a cambio de reducirles sensiblemente las pensiones que recibirían en el futuro. No. El objetivo que se persigue es matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, agenciarse los votos provenientes de la geografía poblacional relativamente ignorante del tema. Y segundo, herir mortalmente al sistema de pensiones pues saben que, con el retiro del 30% de los fondos acumulados a la fecha, el sistema de las AFPs que tanto resienten, quedaría totalmente inhabilitado para ofrecer pensiones decentes cuando los trabajadores alcancen la edad de retiro. El descrédito del sistema de AFPs estaría garantizado.
A esos diputados no les ha importado el hecho de pertenecer al partido que creó Joaquín Balaguer, el presidente dominicano que más valoró el ahorro como fuente para la inversión. Así como Balaguer valoraba el ahorro del Gobierno para financiar las inversiones, de seguro valoraría el ahorro individual de los trabajadores para financiar sus pensiones. Los diputados que han liderado la inquisición populista contra el sistema de capitalización individual administrado por AFPs, adoran el sistema de reparto que, a ellos, por su estadía de 8 años en la Cámara, les reportará una pensión de por vida, a partir de los 60 años, equivalente al 70% del salario de los diputados. Esta pensión terminará siendo pagada por el contribuyente, pues el aporte de 10% mensual del salario durante 8 años que realizan los diputados, nunca daría para pagar 70% del salario durante 20 o más años.
El Proyecto de Destrucción Masiva de Pensiones que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasa ahora al Senado. Aunque uno desearía que la sensatez termine imponiéndose y derrote a este mamotreto de populismo resentido, en los tiempos que vivimos, nada puede descartarse. Si los senadores del PLD, que son la mayoría, se entregan a la rebelión populista que encabezan los bolcheviques del reparto, el destino quedará en manos de la sensatez, prudencia y racionalidad del estadista que hoy dirige la Nación. Estoy seguro que, una vez haya subido las escalinatas y recorrido los pasillos del Palacio Nacional, el populismo se detendrá en la puerta del despacho de Danilo Medina. De ahí no pasará.
