Este domingo 5 de julio el país tendrá una de las pruebas más difíciles del presente siglo con la las elecciones presidenciales y congresuales programadas para esta fecha bajo el mayor nivel de tensión registrado en materia electoral en estos tiempos.

Muchas variables se registran e inciden en la delicadeza de este proceso que incluye la poca fe en las autoridades electorales, la imparcialidad del Gobierno, la insistencia del partido oficial en permanecer en el dominio de la cosa pública y una oposición que está dispuesta a jugárselas para alcanzar el poder.

A esto se suma, la peligrosa amenaza que representa el covid-19, pandemia que ha mermado el interés de muchos y ha obligado al derroche marcado de recursos del erario, para lograr alcanzar la primera magistratura, senadurías y diputaciones, a precios y acciones poco éticas, a veces, exageradas y dañinas para el mismo proceso.

Son muchos los que piensan que el destino del país dependerá de la voluntad de la gente en acudir a las urnas, en una acción de pueblo que es precisa ahora y de la fortaleza para ejercer el voto sin que medie el dinero, las dádivas ni las presiones de uno u otro lado.

Las autoridades electorales tienen el sagrado compromiso de velar porque el proceso sea diáfano, sincero e imparcial, porque también está definitivamente en juego su prestigio, puesto ya en tela de juicio anteriormente.

El gobierno del Estado debe limitar sus acciones a ser árbitro de la nación y permitir que los dominicanos puedan decidir su destino por ellos mismos, sin miedo ni apego a la cosa pública que es de todos.

Si todo esto se cumple saldremos del susto, porque el país necesita respiro, un poco de paz, vivir de nuevo y todos queremos volver a ser verdaderamente dominicanos. Que nadie se sienta con el derecho de arrebatarnos la paz.

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