Ya faltan pocos días para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales y nuevamente los fiscales deben trabajar para perseguir los delitos electorales que pudieran realizarse en el certamen electoral.
Según se informó, el protocolo será el mismo que en las pasadas elecciones (que fueron municipales), es decir, las denuncias que realicen los ciudadanos sobre la ocurrencia de este tipo de delitos previo, después o el mismo domingo 5 de julio serán claves para que los fiscales puedan someter a quienes incurran en esta práctica.
Los magistrados deben evaluar si la situación tiene todos los méritos para que se lleven a los tribunales, y también podrán someter a las personas que incurran en este hecho de forma oficiosa.
Aunque luego de comicios municipales, celebrados en marzo pasado, no se informó cuántas personas fueron sometidas, si se explicó que la compra de cédulas, que una recurrente práctica denunciada en los procesos electivos, fueron la mayoría de los delitos electorales cometidos.
Ahora, otra vez, la magistrada Cueto y su equipo tienen la tarea de perseguir este delito, pero con una complicación más, la incidencia de la pandemia de la COVID-19, la cual, a consideración del Grupo Dominicano de la Asociación Internacional de Derecho Penal obligará al Ministerio Público a realizar un esfuerzo adicional para cumplir con su función.
La organización sostuvo que el órgano investigador debe priorizar la prevención, investigación y persecución de esta infracción y que se trata de una extraordinaria responsabilidad que se debe cumplir con estricto apego a los principios de transparencia, independencia y objetividad, para que sean legítimas sus actuaciones.
Las sanciones por incurrir en esta práctica van desde reclusión carcelaria de un mes hasta dos años y multas de hasta diez salarios mínimos del sector público.
