Para fortalecer la capacidad del Estado y lograr mayor eficiencia en la persecución de delitos contra el patrimonio público y la recuperación de los bienes malgastados, se debe contratar abogados penalistas para actuar como acusadores particulares.
La recomendación es del exjuez Manuel Ulises Bonnelly Vega, quien explicó que esto ayudaría para que el Estado se pueda querellar y constituirse en actor civil durante un proceso judicial y de lograrse una sentencia penal, entonces también recuperar los bienes perdidos.
“Igual que cualquier persona, el Estado tiene ese mismo derecho de poner sus abogados como querellante y como actores civiles para sumar al esfuerzo del Ministerio Público en cuanto a la persecución penal y para preponderantemente seguir la parte civil, la parte de los bienes”, explicó a este medio Bonnelly Vega, que además, considera este método como una de las acciones urgentes para la persecución por casos de corrupción.
El catedrático en Derecho Penal y Procesal Penal indicó que hay precedentes en ese sentido que pueden servir de ejemplo para darse cuenta de que este método resulta efectivo. Puso como ejemplo, los casos bancarios de los desaparecidos Baninter, Bancrédito y Banco Peravia, en cuyos procesos el Estado, a través de la Superintendencia de Banco y el Banco Central, contrataron equipos de abogados para representarlos.
También, el caso Bahía de las Águilas, donde el Estado contractó equipo de abogados que finalmente “imprimió energía al caso”.
Además, está el proceso judicial por la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, donde el Estado se constituyó en querellante, y actor civil, presentó su querella y acusación con reclamaciones civil, a través de los abogados particulares contratados.
Dijo que el método para contratar los juristas puede ser a través de las instituciones o ministerios que resulten directamente afectados.
