Falta mucho para que los delitos electorales reciban el condigno castigo. Lo muestra la verificación de la compra de votos según la observación de la OEA y Participación Ciudadana durante las elecciones del 5 de julio. Asimismo, en distintos municipios se constató cómo delincuentes políticos alteraron las actas, sea a través de agentes infiltrados en las juntas electorales, o ellos mismos, sin consecuencia. El caso más llamativo es el de Fidel Cornelio Sánchez, hijo de la diputada peledeísta Cleo Sánchez, apresado por alterar actas para favorecer a su madre. Comprensible que un hijo quiera ayudar a su progenitora, pero muy censurable mediante procedimiento non sancto. Y lo peor es que no se accionara en su contra.

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