Santiago. Aunque se ha avanzado en temas relacionados contra la trata de personas, aún quedan algunos desafíos en América Latina y el Caribe.

Entre estos desafíos están, las tasas de detección de este delito y las condenas sobre el mismo, las cuales siguen siendo bajas, lo que representan un reto para la justicia penal en esta materia.

Estas consideraciones fueron expuestas ayer por juezas de la región en Conferencia Regional sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe, organizada por la varias entidades, entre ellas la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés) y el Poder Judicial dominicano.

La actividad virtual, que continúa hoy, se lleva a cabo en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemoró ayer 30 de julio.

Delito tiene rostro de mujer

Durante la conferencia también se expuso que la trata de personas es una manifestación de violencia de género y en América Latina y el Caribe tiene rostro de mujer ya que el 80 por ciento de sus víctimas son mujeres, cuya principal finalidad es sobre todo la explotación sexual seguida del trabajo forzoso.

Los medios más usados para captar víctimas, indicaron, son las ofertas falsas de empleos y a ahora el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Se planteó, además, que se debe garantizar y ceder el acceso efectivo a la justicia para las víctimas, para que las mismas no sean re victimizadas durante las investigaciones y proceso penales, sino que por el contario se le brinde un trato digno.

Al respecto, la jueza dominicana Kenya Romero explicó que en el Poder Judicial dominicano puso en marcha una gais sobre buenas prácticas para garantizar que las víctimas no sean revictimizadas durante el proceso.

Trabajar por el interés superior de los niños

Otro punto que se tocó es en el interés superior de los de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de este delito.

Sobre esto, opinó por otra vía, Save the Children República Dominicana y otras organizaciones quienes pidieron a los estados de América Latina y el Caribe a fortalecer los mecanismos de prevención, atención a las víctimas, integración y sanción de este delito.

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