Como van las cosas, es probable que la nueva Administración reciba presiones de estamentos de la sociedad y grupos vinculados desde muy temprano, quizás desde que se instale el 16 de agosto.
Desde las elecciones el 5 de julio, algunos sectores han reclamado que el nuevo gobierno empiece una cruzada contra la corrupción. Incluso, se ha advertido que si ese reclamo no es atendido no habrá vacilación en iniciar acciones, movilizaciones o marchas, como ocurrió en el pasado.
Las autoridades electas, encabezadas por el mismo presidente, afirmaron su campaña en la lucha contra los ilícitos. Y se ha planteado que precisamente, sólo por la erradicación de esa práctica el erario se economizará importantes recursos que pudieran orientarse a la inversión o a programas sociales.
Es decir, que hay un compromiso reiterado una y otra vez por el presidente electo Luis Abinader, quien ha sido el formulador de la idea de fortalecer el Ministerio Público bajo la orientación de darle toda la independencia requerida para iniciar las persecuciones de los crímenes económicos. De hecho, el llamado Procurador General Independiente es una figura que tiene su sello, y en efecto, ha declarado que maneja potenciales candidatos para desempeñar esa función.
Siendo así, una de las más grandes apuestas del nuevo gobierno no es sólo encarar la grave crisis del momento, sino marcar su gestión con el mayor índice de transparencia en el ranking global.
Eso significa que no sólo serán perseguidos los crímenes económicos del pasado más reciente, sino que habrá una política para vigilar a los ejecutivos del nuevo gobierno. La designación adelantada de Milagros Ortiz Bosch en la Comisión de Ética Gubernamental fue un mensaje expreso que no deja lugar a dudas.
Y en esa dirección, y para comenzar bien, hay que esperar que desde el próximo 16 de agosto, cuando se formalicen las designaciones adelantadas, empiecen a conocerse las declaraciones juradas de bienes de los nuevos incumbentes, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de los funcionarios electos, congresuales y municipales. De últimos, ya en ejercicio, no se tiene noticia sobre su declaración de bienes al momento de la toma de posesión.
Conviene que haya transparencia desde el primer día. Y bajarán las declaradas presiones.
