La decisión del Ministerio de Administración Pública (MAP) de eliminar el bono vacacional a los defensores públicos es ilegal e inconstitucional, ya que no tienen la calidad jurídica para intervenir en los asuntos presupuestarios de la Oficina de la Defensa Pública.
La explicación es de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, quienes iniciaron ayer un paro de labores a nivel nacional por 72 horas ante la decisión de eliminar este derecho contemplado en la Ley 277-04 y retrasos en el pago del salario..

Una representación de la asociación se presentó ayer ante el MAP para depositar formalmente su protesta por la eliminación del bono vacacional.

“Esa decisión que es ilegal e inconstitucional, se está tratando de una manera no adecuada a la Defensa Pública, es decir, la Defensa Pública es un órgano autónomo con independencia presupuestaria y el MAP no tiene la competencia, la calidad jurídica como para intervenir en los asuntos presupuestarios de la Defensa Pública, y lo está haciendo”, indicó Francisco Salomé, presidente de la asociación.

Dijo que otro de los problemas que tienen los defensores públicos, quienes llevan el 85 por ciento de los casos del sistema judicial, es retraso en el pago de su salario.

“Se paga fuera de fecha, no sabemos cuándo vamos a cobrar, inclusive, en diciembre pasado, porque no es una situación nueva, sino que tenemos más de un año sufriéndola. En diciembre a una gran parte de nuestro personal se le pagó el 28 de diciembre”, dijo.

Al respecto, el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, afirmó que los sueldos, incluyendo las horas extras, de los defensores públicos y abogados adscritos son entregados puntualmente y que nunca se han detenido.

Sobre el pago del bono vacacional, que fue establecido por el consejo de la institución desde el año 2015, Valentín explicó que la decisión de eliminarlo fue del Ministerio de Administración Pública (MAP) en el 2018, pero, indicó le están buscando una solución a este problema.

El jurista expresó que está de acuerdo con los reclamos de los defensores públicos, ya que el perjuicio es general, pero no así a la paralización de las labores, debido a que perjudica a terceros que nada tienen que ver con la decisión emitida por el MAP en el 2018.

Resaltó que los defensores públicos y adscritos son altamente calificados, no ponen excusas para ejercer su labor.

Valentín dijo que la Oficina Nacional de la Defensa Pública es un órgano autónomo e independiente en el tema salarial, así como lo es Tribunal Superior Electoral, Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

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