El cuatrienio termina con varias promesas legislativas sin cumplir

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En la Cámara de Diputados se efectuaron grandes debates en el marco de las discusiones de los proyectos de leyes.
Ni los legisladores ni los partidos lograron ponerse de acuerdo con otros sectores de poder para pasar leyes importantes

El período legislativo que inició en agosto del 2016 finaliza la semana próxima con deudas pendientes con la sociedad dominicana y la sensación, para la ciudadanía, de que el Congreso Nacional trabaja poco, aunque en la práctica no es del todo cierto.

Dada la configuración del sistema bicameral dominicano, un proyecto de ley debe ir de una cámara a otra para su conocimiento y aprobación, y en ello tarda años y hasta décadas en búsqueda de consenso y “poniendo aquí” y “quitando allí”, hasta que finalmente es ley promulgada y luego entra en vigencia.

Esta es la razón principal, según razona el veterano diputado Radhamés González, del por qué la ciudadanía tiene una idea errónea de que el Congreso no trabaja.

“Este Congreso, el que sale y los anteriores, del que yo formo parte, tiene capítulos pendientes con el país que es de todos conocidos, como los Código Civil y Penal y principalmente la Ley de Aguas, que han sido torpedeados por sectores de todo tipo”, dijo al ser consultado por elCaribe.

Reflexionó que el Congreso que viene debe sobreponerse a las exigencias de algunos sectores que quieren dirigir a la sociedad dominicana desde fuera del Congreso. Puso de ejemplo el proyecto la Ley de Aguas, que actualmente es el más antiguo en discusión en el Congreso Nacional (con más de dos décadas) y que tiene “demasiados intereses”.

“Los legisladores de una década para acá tenemos mucha responsabilidad en que no se haya aprobado, por la presión a la que esos sectores someten al Congreso Nacional”, añadió.

González había advertido, al inicio de la presente legislatura en febrero, que este sería un “tiempo muerto” debido a las elecciones. El diputado, que tras 18 años sale del Congreso, es proponente de los proyectos de ordenamiento territorial y la de exequátur, iniciativas que han sido priorizadas en los últimos cuatro años, pero que tampoco han logrado salir de Congreso hasta el Palacio Nacional.

En el caso del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que establece el marco regulatorio para el uso de suelo tomando en cuenta aspectos como la sostenibilidad medioambiental y competitividad económica, ha tenido de frente sectores turísticos e industrial. Fue enviada a una comisión bicameral encargada de su estudio y allí quedó.

Este proyecto es mandatorio de la Constitución, así como la de regiones únicas de planificación.

Y este es uno de las deudas pendientes del Congreso con la sociedad, que tras diez años de proclamada la Constitución del 2010, aún faltan por aprobar y adecuar muchas leyes acordes con el marco jurídico actual y con la naturaleza del Estado social y democrático de derecho, asumido en dicha reforma constitucional.

Una comisión especial designada en el 2017 para identificar las leyes reservas de la Carta Sustantiva, identificó 222 iniciativas que la Constitución mandó al Congreso a legislar y determinó que aún están pendientes por conocer 104 iniciativas y 116 han sido aprobadas.

Otra que están pendientes es la de participación ciudadana, la que crea el Sistema Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la que regula el ejercicio de los derechos de la población de menores ingresos, la de acceso al primer empleo, la de cambio climático y otras más como la de fiscalización y control del Congreso Nacional.

A consideración del abogado constitucionalista, Francisco Franco, de las más urgentes de aprobación es la Ley de referéndum y la que crea los tribunales de primera instancia de la jurisdicción contenciosa-administrativa, y de adecuación y modernización de los procesos en esa materia.

“La ley de referéndum vendría a garantizar la participación directa de la ciudadanía en las decisiones democráticas del país”, sostuvo en una conversación con elCaribe.

En tanto que la crea los tribunales de primera instancia en materia administrativa, es fundamental “para garantizarle a los ciudadanos el derecho al acceso a la Justicia en sus conflictos con la administración pública y los órganos del Estado”, puntualizó el jurista.

Los Códigos, los grandes olvidados

En este cuatrienio se debatió dos veces el Código Penal dominicano: una en el 2016, cuando fue convertido en ley penalizando el aborto y en el 2017, cuando el Congreso debió conocer las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, respecto a las causales para la despenalización del aborto. A la fecha, el país no tiene un nuevo Código Penal, pues no se ha vuelto a colocar en discusión, pese a que hay tres proyectos de Código Penal en la comisión de Justicia.

El Código Civil estuvo al punto de aprobarse también en el 2017, pero no se logró por el tema de la emancipación del menor a través del matrimonio. En la pasada legislatura, fue colocada en la agenda y reenviada a comisión por no tener consenso respecto al matrimonio entre menores de edad.

También quedó pendiente para el Congreso que se instale, la modificación al Código de Procedimiento Civil.

Se aprobaron las leyes electorales y de tránsito

Es justo reconocer que en este cuatrienio en el Congreso Nacional han salido leyes importantes que llevaban años engavetadas, como la de Tránsito, la de Partidos, y la Ley del Régimen Electoral y en esta legislatura la de residuos sólidos. La Ley de Tránsito fue sancionada en el 2017 y dio con ella la conformación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. En tanto que la de Partidos fue aprobada luego del consenso de los partidos políticos en el 2018 y la modificación a la Ley Electoral, en el 2019. Estas leyes han sido atacadas por ante el Tribunal Constitucional, pero las elecciones primarias, las municipales y las congresuales y presidenciales se celebraron bajo este marco jurídico. Asimismo, se creó la figura de fiscal para asuntos electorales. Otras leyes importantes aprobadas fue la de Lavado de Activos, la de Transparencia y Revalorización Patrimonial y la que modifica artículos de la Ley de Seguridad Social.

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