Ley 340-06, el Órgano Rector y su negativa a no contar con la Comisión Consultiva

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La ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con modificaciones de Ley No. 449-06, es un instrumento jurídico que, desde su promulgación el 30 de agosto del 2006; el estado ha tenido un marco legal que ha contribuido en cierta manera a transparentar las contrataciones públicas con sus virtudes y defectos, subrayando que con ella se ha disminuido la asignación de directa de contrataciones de obras estatales. No obstante, todavía esta normativa jurídica se presta para cometer actos de corrupción, por lo que se hace impostergable fiscalizar más los pliegos de condiciones, que en la mayoría de los casos complacientes, amañados, elaborados para favorecer licitantes favoritos de la más alta autoridad de la institución estatal que realiza la licitación.

El Presidente electo, Luis Abinader en su cuenta de twitter, publico “En seguimiento a nuestro compromiso con la transparencia y ética, se designará como Director General de Contrataciones Públicas al Dr. Carlos Pimentel, actual Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, representante de Transparencia Internacional en República Dominicana”. A raíz de esa pre designación, ha sido invitado a varios programas de paneles de la televisión local, y en múltiple ocasión se ha referido al Órgano Rector del Sistema, pero en ningún momento a lo concerniente a la Comisión Consultiva, que es un mandato de la ley 340-06, en su artículo 35.

Esperamos que en el próximo gobierno de Luis Abinader, esta Comisión Consultiva, no corra la misma suerte que ha tenido hasta la fecha, es que el gran problema radica en que los dos directores que ha tenido esa institución, son abogados y no se han preocupado por las contrataciones de Obras Públicas, el nuevo incumbente que tendrá esta entidad gubernamental también es abogado, y resulta preocupante que no haya hablado de la comisión citada.

Lo cierto es, que no se debe seguir permitiendo que se viole esta ley de contrataciones públicas en lo referente al artículo 35, y su párrafo I. citamos: Artículo 35. Los Órganos, del Sistema, serán:
1) La Dirección General de Contrataciones Públicas, dependencia del Ministerio de Haciendas, que fungirá junto a la Subdirección de Bienes y Servicios y la Subdirección de Obras y Concesiones como Órgano Rector del Sistema.

2) Las unidades operativas de contrataciones que funcionarán en las entidades mencionados en el Artículo 2 de la presente ley que tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones.

Párrafo I. El Órgano Rector contará con una Comisión Consultiva, integrada por:
1) El Director General del Órgano Rector, quien la presidirá;
2) Por el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o su delegado;
3) Por el presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámara) o su delegado;
4) Por dos miembros debidamente designados por el Poder Ejecutivo.

A los pasados gobiernos que hemos tenidos, después de la entrada en vigencia de esta ley en cuestión, no le ha interesado conformar el Comité Consultivo, para no contar con la asistencia de profesionales pertenecientes al Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), que le indique lo que tiene que hacer en materia de contrataciones de obras públicas.

Este país bajo ningún concepto puede continuar por el derrotero que lleva cada día, que de seguir así tendríamos problemas impredecibles.

Destacando que desde que se nombra una persona para dirige algún órgano sea público, privado o de la sociedad civil se creen dueño de la verdad, y de saberlo todo, y empiezan a inventar todo lo que se antojen.

En el artículo 36 de la citada ley, establece las funciones básicas que tiene el Órgano Rector, las cuales son 14, y un párrafo que, si se cumplieran, estaríamos en presencia de un verdadero compromiso con la transparencia y la ética.

La mejor forma de evitar que se cumpla las atribuciones del Órgano Rector como debe ser, es precisamente, no contar con una Comisión Consultiva, que ayude a la implementación de un verdadero plan de políticas públicas que obligue a los funcionarios a que cada día sean más honestos.

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