Pablo Ulloa propone acciones estatales desmonten barreras a las personas con discapacidad 

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Pablo Ullua, ex director ejecutivo del TC

Santo Domingo.- El experto Pablo Ulloa planteó la necesidad de que el Estado fortalezca y eficientice las políticas públicas en materia de discapacidad.

Hizo hincapié en las acciones y estrategias organizadas desde la estructura estatal que permitan avanzar en el desmonte de las barreras sociales, económicas y culturales que evitan participación en equidad de las personas con discapacidad.

A lo largo de las últimas décadas, dijo, la percepción respecto a las personas con discapacidad ha variado desde la sola condición médica a una apreciación que abarca su dimensión social.

Se ha extendido, agregó, a la necesidad que se plantea de su visibilización como grupo, requiriéndose que se preste atención a las barreras físicas, institucionales y sociales que enfrentan las personas con discapacidad.

Recordó que en la República Dominicana desde 2010 el texto constitucional, artículo 58,  hizo una declaración expresa endilgando al Estado la responsabilidad  relativa a la protección integral de las personas con discapacidad.

Insistió en que frente a esta obligación que se impone desde la Carta Sustantiva, corresponde al Estado dominicano adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de cualquier otra índole.

De esa manera, entiende, se daría plena efectividad a la materialización de los derechos fundamentales de las personas en situaciones de vulnerabilidad, específicamente en materia de discapacidad.

Marginalidad ante COVID

“Eventos como la pandemia por COVID-19 que actualmente atravesamos revelan preocupantes niveles de marginalidad y retrata como se intensifican las desigualdades que enfrentaban desde antes las personas con discapacidad”, expuso.

Manifestó que el Estado tiene el deber de vigilar y controlar la actividad de los particulares encargados de la prestación de servicios de salud, así como de particulares cuya actividad genere efectos perjudiciales para la materialización del derecho a la salud de las personas en condiciones de vulnerabilidad, dentro de las cuales se abarcan las personas con discapacidades.

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