Según el aprendizaje popular a los gobiernos nuevos hasta los errores se les aplauden. Ese dicho se compadece con el ánimo de los políticos, que generosamente “conceden” hasta cien días a los nuevos gobernantes, durante los cuales se guardan cualquier crítica. La idea es dejarlos que cojan el piso, no crearles ningún inconveniente o dificultad, porque el nuevo gobierno siempre conlleva una suerte de aprendizaje.
Y hasta la prensa se vuelve indulgente, especialmente si entiende que se termina un régimen con vocaciones o actitudes que ponían a riesgo la institucionalidad, como pretender prolongar la permanencia más allá de lo establecido en la Carta Magna.
La cuestión es que los ánimos se orientan ahora a crear un ambiente favorable a lo que debe ser un buen gobierno. Una gobernanza llevadera que a fin de cuentas es lo que desean los seres humanos.
Pero no siempre los favorecidos con esa indulgencia sociopolítica comprenden la dimensión, el alcance o los límites.
Por eso, ha provocado escozor que la Cámara de Diputados haya aprobado un proyecto de ley con la expresa intención de llevar a la legalidad una designación del Poder Ejecutivo que viola la ley del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) en favor de uno de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM). No lo sometieron los perremeístas. Se valieron de dos diputados reformistas. Esa gente –los balagueristas- suele estar dispuesta a hacer cualquier trabajo.
Formalmente, no se puede atribuir la iniciativa al oficialismo. Pero es obvio que ha sido alentado por el “gobierno del cambio”, que previamente designó a una persona que no llena los requisitos previstos en el artículo 7 de la ley número 5994 del 1 de diciembre de 1962, que crea el INAPA. Entonces, imaginamos que había mucho menos profesionales calificados que ahora, 58 años después.
Eso no debe estar ocurriendo. El presidente Abinader no debió designar a una persona que no llena los requisitos establecidos en la ley, al margen de todos sus méritos y capacidades.
El Gobierno debe recoger el decreto en vez de justificar la violación a una ley. Es una mala señal demasiado temprano.
