Una de las prácticas que debemos superar en los procesos electorales es la de atiborrar la geografía nacional con vallas, letreros y afiches promocionales de los candidatos, que afean las ciudades y carreteras y crean contaminación visual, y en muchos casos un peligro para los conductores, cuando esa promoción oculta señales de tránsito. Finalizada la campaña con la elección de un nuevo Gobierno y otro Congreso, cabe ahora esperar que los partidos y los candidatos que no lo han hecho todavía, cumplan con la obligación de limpiar las áreas que han embadurnado con su propaganda, para facilitar, por lo menos el necesario tránsito hacia la normalidad.
En la mayoría de los países la difusión de este tipo de publicidad está muy controlada y la violación de las normas se paga a veces con la anulación de candidaturas o fuertes penalidades económicas. Ese control impone los lugares donde se permite el despliegue de material promocional y su volumen. También establece plazos para el retiro y el incumplimiento de la norma implica también sanciones para aquellas autoridades responsables de hacerlas cumplir.
Nada de eso se observa en nuestro país, donde los partidos abusan de esa debilidad institucional y no se sienten obligados a respetar el entorno físico de aquellos a quienes cortejan por sus votos. He escuchado algunas voces ordenando a sus equipos el retiro de su publicidad promocional, pero poco de eso ha ocurrido, a excepción de la propaganda del candidato perdedor del PLD, y algunos ciudadanos se han quedado a la espera de que alguien asuma esa tarea. Y digo algunos porque está muy claro que a mucha más gente le importa tal vez un bledo que las paredes, los parques y los postes del tendido eléctrico de los sectores donde residen estén repletos de promoción electoral que el viento, la lluvia y el sol deterioran, afeando el ambiente en el que crecen sus hijos y nietos.
