Faltan 3621 funcionarios
Entrevista.– De 4,646 funcionarios hasta el día ayer lunes 1,025 han realizado la declaración jurada de bienes en la Cámara de Cuentas. Así lo dio Hugo Álvarez Pérez, presidente de la entidad.
“Hasta la fecha 7 de septiembre habían declarado 1,025 funcionarios, entre ellos el director de la Policía. Aún restan 3,621”, indicó durante una entrevista en el programa El Despertador.
Álvarez Pérez indicó que Ley 311-14, es un instrumento que tiene esa institución para combatir la corrupción debido a que presenta sanciones de cuatro a 10 años, para aquellos funcionarios que no realicen la declaración.
“Esta Ley si se aplicara sería un instrumento tremendo para combatir la corrupción, desde el artículo 14 hasta el 28, trae sanciones fuertes de cuatro a diez años y lo que más le dolería hasta quitarle el patrimonio”.
De acuerdo con Ley 311-14 la sobre la Declaraciones Juradas de Patrimonio de Funcionarios, existen dos tipos de declaraciones juradas de patrimonios la inicial y la de finalización.
La legislación establece que los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal, mientras que el proceso de finalización debe de hacerse después de cesado sus funciones.
El presidente Luis Abinader exigió a los funcionarios de su Gobierno, presentar sus declaraciones juradas de bienes antes del próximo 15 de septiembre, sino pena de ser suspendidos o cancelados definitivamente de su administración.
“En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos”, sostuvo.
Auditorías solicitadas por el Gobierno
Alvarez dijo que es sano que una entidad como la Contraloría General de la República realice esas auditorías solicitadas por los nuevos funcionarios.
“En mi opinión personal, es sano que una entidad como la Contraloría General de la República haga esas auditorías, las cuales deberán ser refrendadas o desechadas por la Cámara de Cuentas, de esta manera nadie va a dudar de ese tipo de auditoria”, consideró el funcionario.
Fueron aprobadas las auditorias del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), la Oficina Nacional de Derecho de Autor, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Industria y Comercio y Mypimes.
