El senador por la provincia Valverde, Eddy Nolasco, afirmó que constituye una violacion a la Constitución de la República, impedir que personas vinculadas a partidos políticos opten por ser miembros del Pleno de la Junta Central Electoral.
Nolasco se refirió específicamente al caso del ex miembro de la JCE, doctor Eddy Olivares, y explicó las razones constitucionales que validan la posibilidad de que presida el Pleno del organismo electoral.
El representante de la provincia Valverde consideró como discriminatorio y violatorio de la ley y la constitución, querer sancionar la formación y el conocimiento profundo del régimen electoral, como lo tiene, por ejemplo Eddy Olivares, quien fue miembro durante 10 años de la JCE, y mantiene viva su formación.
“Eddy Olivares, es un hombre honesto, ecuánime, una columna importante del tema electoral. ¿Por qué sancionarlo ahora, prohibiendole ser funcionario electoral, si ya lo fue antes y no hay cuestionamientos en su contra?”, detalló.
Entiende que sería una injusticia sancionar a alguien por su militancia política para anularle su derecho constitucional a ser electo al frente de un organismo que él bien pudiera administrar con maestría, honradez y honorabilidad, como lo ha hecho en todas las instancias que le ha correspondido desempeñarse.
Aclaró, además, que la escogencia de los miembros de la JCE es una atribución exclusiva del Senado de la República, y que la Carta Magna es clara en cuanto a la separación de los Poderes del Estado.
“El artículo 80 de la Constitución de la República se refiere a las atribuciones del Senado de la República, y en su ordinal 4 dice con toda claridad lo siguiente:
Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes”.
El legislador dijo acogerse al mandato constitucional, y que en ese sentido, asumirá ese compromiso teniendo en cuenta la elección de personas que sean idóneas, responsables, honestas, capaces, con amplios conocimientos en la materia electoral, y, en el caso del presidente, que sea abogado, como manda la Constitución de la República en sus artículos 212, 213, 214 y 215.
Nolasco destacó que “Estamos totalmente en contra de que se discrimine, de forma injustificada, a la clase política que tantos aportes ha hecho a la sociedad dominicana, y aclaró que en un Estado Democrático y de Derecho no se puede discriminar un sector para el beneficio del otro”.
