En un mercado abierto y de libre competencia todavía se tiene en la República Dominicana por lo menos tres rubros de la agropecuaria en los que no fluctúan libremente los precios, sino fijados por organismos o industrias.
Esos productos son el arroz, leche y el azúcar. El precio del arroz lo revisa y fija anualmente la Comisión Nacional Arrocera (Cona), el de la leche lo fijan las industrias procesadoras (y no siempre quedan complacidos los ganaderos), mientras que los precios del azúcar los regula el Instituto Azucarero Dominicano (Inazúcar). ¿Pero hasta dónde es bueno o es negativo, si se mira especialmente del lado del consumidor?
En el arroz, distinto a como ocurre con otros productos, los precios no los fija de cuenta propia el productor, ni el molinero, sino que los determina cada año la Cona, estableciendo un piso y un techo de precios.
La Cona está integrada por una representación de los productores de arroz, una representación de los procesadores privados o dueños de factorías (molineros), una representación de los parceleros de reforma agraria y una de las autoridades del sector público, en este caso del Ministerio de Agricultura.
En el caso del azúcar, el Inazucar, creado por la Ley 618, del 16 de febrero de 1965, es el órgano del Estado al que le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo las normas de la política azucarera nacional en todos sus aspectos y es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de esas normas. El vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, plantea que en la fijación de precios a través de organismos reguladores, como la Cona, el Inazucar, o las industrias que influyen en el caso de la leche, y donde debería entrar en la ecuación el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), de lo que se trata es de establecer un precio mínimo a los productores de esos rubros.
“Eso es común en el sector agropecuario. En este caso se establece un precio mínimo, que casi siempre está por encima del precio que debería prevalecer en un mercado mucho más competitivo de libre comercio”, explica.
El catedrático de la Primada de América sostiene que eso se hace con la intención de mantener un nivel de ingreso a los productores, de tal manera que eso garantice ciertos niveles de rentabilidad para quienes cosechan.
“La otra cara de la moneda es que estos son precios que perjudican en cierta manera al consumidor, en el sentido de que si prevaleciera un mercado mucho más competitivo sin la intervención de organismos reguladores, los precios al consumidor posiblemente llegarían mucho más bajos”, indica.
Advierte –sin embargo- que esa situación le genera un conflicto al Estado porque por un lado, si bien es cierto que los consumidores deben recibir precios más bajos, también hay que mantener un nivel de rentabilidad en la producción. “Porque si esa rentabilidad no se mantiene, entonces podrían desaparecer los productores al no tener estímulos, y estaríamos a expensas de importaciones de manera indiscriminada de estos rubros”, dijo el profesor Ciriaco Cruz.
Y agregó: “A pesar de que se va a beneficiar al consumidor, se acabaría afectando al productor nacional y a la producción”.
Sugiere que esas comisiones deben establecerse en función de las prioridades que tiene el país en determinados cultivos, como es el caso del arroz, que es el más importante en la producción nacional y el rubro donde más recursos destina el Gobierno y el que más agua e insumos consume.
Arroz selecto A, la leche grado A y tipos de azúcar
Ciriaco Cruz asegura que todos los países desarrollados tienen presupuestos importantes destinados a mantener la seguridad alimentaria. Citó la política agraria común, que representa el 32 % de toda la Unión Europea, y explicó que el gobierno norteamericano destina alrededor de 11,000 millones de dólares a la Ley de Seguridad Alimentaria, que básicamente incorpora todos los apoyos al sector agropecuario.
Esos organismos reguladores deben mantenerse en aquellos rubros que son de interés nacional y de gran consumo entre la población dominicana, para precisamente mantener un nivel de rentabilidad al productor y que a su vez los precios no sean tan altos que vayan a afectar al consumidor final, dijo.
Mientras, Eric Rivero, presidente de la Aproleche, resaltó que en la leche debería haber un costo de producción establecido y un margen de ganancia. Dijo que aún hay imposición de la industria. En febrero pasado, la Cona estableció que la libra de arroz tipo selecto A no debe costar más de 27 pesos. Mientras en 2019 se aprobó “sugerir un precio de 26.60 pesos para el litro de leche grado A que las industrias compran en finca. El precio sugerido para la libra de azúcar tipo crema es RD$20.00 y para la refino RD$23.00.
