Se aumentó un 2% al ITIBIS de manera “provisional”, y pasó de un 16% a un 18%. A 12 años este permanece
En la República Dominicana se han realizado al menos 15 reformas tributarias en los últimos 40 años, la última fue aprobada hace 12 años, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Lo que nunca ocurrió.
Uno de los cambios que introdujo al sistema tributario la reforma fiscal del 2012, conocida como “el paquetazo”, es que al impuesto al consumo de valor agregado aplicado a la transferencia e importación de bienes industrializados (ITIBIS) se le realizó un aumento provisional de un 2%, y pasó de un 16% a un 18%, medida que se mantendría por dos años y a partir del 2015 retornaría a su tasa inicial. Sin embargo, 12 años después, el monto del ITBIS se mantiene.
Esta y otras medidas fueron aprobadas por el Congreso Nacional el 09 de noviembre del 2012, mediante la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
Según precisa el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que transmite CDN Canal 37 todos los domingos, este aumento se tradujo, a modo de ejemplo, en que si una persona adquiría una estufa de 10,000 mil pesos en el año 2012, el ITBIS eran 1,600 pesos; para el año 2013 por la misma compra la tasa impositiva serían de 1,800 pesos, con un aumento de un 2%. Esto se tradujo en que el precio final de los bienes y servicios aumentó.
Además del alza en la tasa de ITBIS, se amplió la base imponible al incluir nuevos productos alimenticios, tales como yogures, mantequilla, aceite, entre otros, los cuales en el año 2013 tendrían un impuesto inicial de 8%. Y fueron subiendo progresivamente: en 2014, a un 11%; 2015, un 13%; y a partir del año 2016, a un 16%.
La mayor motivación para realizar la reforma del 2012, de acuerdo con reseñas periodísticas, es que el país tenía un alto déficit fiscal. Es decir, que los ingresos que tenía el Estado para ese periodo estaban por debajo de los gastos presupuestados. Para ese año al Gobierno le hacían falta 153,803 millones de pesos, de acuerdo con un informe económico del Banco Central.
La presentación de ese proyecto, que posteriormente se convirtió en ley, causó opiniones a favor y otras en contra en el Congreso Nacional.
Uno de los que mostraron su rechazo fue el entonces diputado José Ignacio Paliza, que dijo que no podía votar a favor de una reforma fiscal como la que se planteaba hasta que el país no pasara un proceso de reforma moral.
Cuando los medios empezaron a informarle a la nación que la implementación de una reforma tributaria era inminente, las manifestaciones, huelgas y caminatas ocuparon las calles de la República Dominicana.
De acuerdo con los archivos del año 2012, las protestas eran llevadas a cabo por cientos de personas que decían estar en contra de esa ley, las misma que fue nombrada popularmente como “el paquetazo fiscal”, lucha que atrajo mucha atención.
Las versiones extraoficiales indican que debido a las movilizaciones masivas que se estaban realizando fueron contratadas algunas personas para evitar las aglomeraciones. Uno de los presuntos agresores fue atrapado por los manifestantes.
Mientras entonaban cantos y blandían los utensilios de la cocinas como instrumentos musicales, los miembros de las protestas se manifestaban, alegando que la crisis económica que causó el déficit era producto de la mala gestión del Gobierno en el periodo 2008 a 2012.
Disposiciones de la reforma
La reforma fiscal de 2012 contiene disposiciones referentes a eliminación de incentivos y créditos fiscales, creación de nuevos impuestos, incremento o reducción de tasas impositivas y medidas antievasión.
Entre los principales cambios que se introducirían al régimen fiscal nacional con la reforma del 2012 estaba el fijar una escala progresiva del Impuesto Sobre la Renta de personas jurídicas, que pasó de 25% a un 29% en el 2013; un 28% para los años 2014 y 2015, y posteriormente en el 2016 descendería y se fijaría a una tasa porcentual de 27%.
Otra de las modificaciones que se introdujeron en la reforma tributaria fue la creación de una retención de impuestos sobre los premios obtenidos en juegos de azar y loterías. Se establecieron tres escalas variables para gravar estas ganancias.
Los premios cuyo monto oscilaba entre 100 mil y 500 mil pesos fueron sujetos a una retención del 10% sobre el total del premio; los que ascendían de 500 mil a 1 millón de pesos asumieron una retención más elevada, fijada en el 15% del premio; y a los superiores a 1 millón de pesos, se les aplicó una retención del 25% sobre la totalidad de las ganancias obtenidas.
Uno de los aspectos positivos de la reforma es que el país pasó de recaudar 318,558 millones en el año 2012, a 369,413 en el año 2013. Esto se tradujo en un incremento de las recaudaciones de un 16%, lo que equivale a 50,853 millones de pesos adicionales, esto de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, dependencia del Ministerio de Hacienda.
Durante los últimos 40 años
La reforma fiscal del 2012 fue precedida de otras. En el 1983, mediante la Ley 74-83 se creó un impuesto a las ventas: Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS). En agosto de 1993 se promulgó la Ley 14-93 con un nuevo Arancel de Aduanas.
La reforma fiscal de 2004, firmada en diciembre, fue incorporada mediante la Ley 288-04, la cual incluyó diversas modificaciones a la estructura tributaria del país. Posteriormente, en el 2005, en busca de aumentar las recaudaciones, tras la puesta en marcha del tratado de Libre Comercio, se emite la Ley 557-05. En 2006, para corregir las deficiencias de las reformas del 2004 entró en vigencia la Ley 495-6 sobre Rectificación.
En el 2007, mediante la Ley 173-07, se estableció una nueva reforma fiscal. De igual manera, el país firmó una nueva reforma en el 2009 mediante la Ley 182-09, en la que se exoneró el pago del 2% ad–valorem en la reinscripción de hipotecas. En el 2011 se promulgó la Ley No. 139-11 en la que se creó un impuesto a los casinos, bancas de lotería y máquinas tragamonedas, con una tasa de 10% sobre los ingresos brutos obtenidos por estas operaciones.
