Guatemala. El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala pidió ayer a la Corte de Constitucionalidad que detenga la reforma que redujo las sanciones para el delito de financiamiento electoral ilegal, una decisión que ha agravado la crisis política en el país.

El procurador Jordán Rodas dijo a periodistas que la reforma aprobada la víspera por el Congreso pone en riesgo a la población guatemalteca.

La reforma a tres artículos del Código Penal guatemalteco fue aprobada unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.

En una acción que los críticos consideraron una maniobra para proteger al presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en ese delito.

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