El proyecto de ley de fideicomiso público, en trámite legislativo, asegurará en todos sus niveles, una vez esté en aplicación, la protección de los bienes del Estado y el patrimonio público.
La abogada Susana Gautreau resaltó la idoneidad de la pieza que se somete actualmente en la Cámara y especificó que otros sectores, contrataciones e instituciones tienen reglamentaciones especiales fuera de la Ley 340-06 para contrataciones públicas.
Para la jurista, en este mecanismo legal se establecen numerosos mecanismos de control público, todos ellos ajustados a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, e incluso se exige para la idoneidad de cada operación incorporar otros mecanismos de control.
“La excepcionalidad la contempla la Junta Monetaria y todas las instituciones de intermediación financiera. La Refinería, órganos extrapoder, incluso la Superintendencia de Electricidad posee un reglamento especial para la compra de energía a corto plazo”, aseguró.
Gautreau indicó que en la futura Ley de Fideicomiso Público están cubiertas cada una de las aprensiones que despertaba el proyecto original mejorado por la comisión congresual, incluidas algunas como naturaleza de la contratación del personal, conflictos de interés y perfil de los constituyentes del consejo técnico.
Otro de los aspectos que crearon un mayor debate gira en torno a la posibilidad de que entes privados pudieran participar como fideicomitente adherente, lo cual queda totalmente cerrado en dicha ley al igual que la gobernanza del fideicomiso al disponerse que el consejo lo presidirá por el funcionario de mayor jerarquía a la entidad pública más afín al objeto del fideicomiso.
