Cuatro exjueces del Tribunal Constitucional alertaron ayer sobre un acuerdo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos en relación con la preautorización en el transporte aéreo.
Los exjueces del TC, Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez, señalaron que dicho acuerdo no está siendo abordado con la debida profundidad, a pesar de las serias implicaciones que tiene para el supremo interés de nuestro país.
Indicaron que la modalidad que se pretende establecer en los aeropuertos internacionales del país, comenzando por la terminal de Punta Cana, también conocido como prechequeo o preclearance (en inglés), resurgió durante las recientes evaluaciones a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y cuyo proceso de control preventivo cursa en el Tribunal desde el 8 de diciembre de 2016.
Señalaron que en dicho anexo se incorpora una tutela por parte de los EE UU de las políticas de asilo de RD, vulnerándose el principio de no intervención en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, previsto por el Art. 3 de la Carta Sustantiva, que constituye una norma invariable de la política internacional del país.
“Nosotros, como ciudadanos comprometidos con los mejores intereses de nuestra nación, compromiso que no cesa con la culminación de nuestros respectivos períodos en el Tribunal Constitucional, juzgamos como un deber ciudadano irrenunciable presentar estas reflexiones orientadas a edificar a la opinión pública acerca de la inconstitucionalidad que acusa el referido acuerdo”, manifestaron los juristas en un documento suscrito por los jueces antes mencionados.
Señalaron que el objeto aparente del acuerdo sería facilitar el turismo, en cuanto haría más atractivo a los viajeros que se trasladan desde Punta Cana hacia los Estados Unidos, ante una alegada facilidad en el flujo de los pasajeros.
Sin embargo, consideran que la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano.
Insistieron en que permitir la instalación de áreas de preautorización en territorio dominicano para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE. UU. autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país, viola los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicana.
