República Dominicana necesita que se establezca un marco fiscal basado en normas que permitan mejorar el desempeño y la administración de las finanzas públicas.
Lo necesita, al igual que lo han hecho otros países del mundo, según plantea el economista Rolando Martínez Agüero en un artículo colgado en la página web del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Desde su punto de vista, se requiere un marco mediante el cual se pueda corregir el problema de los déficits fiscales y tendencia del endeudamiento.
“En adición a esto, otro elemento importante que también está pendiente en este ámbito -y un elemento esencial para asegurar la transparencia- es la estandarización de las estadísticas fiscales para que exista una sola fuente confiable, a tiempo y de fácil acceso para todos”, asegura. Según su óptica, el comportamiento de las finanzas públicas de República Dominicana, en especial las últimas dos décadas, evidencia la necesidad de establecer reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado.
Rolando Martínez Agüero sostiene que “el crecimiento sostenido que ha experimentado el gasto del Gobierno Central, que en términos reales se ha incrementado en 4.2 veces su valor entre los años 2000 y 2021, ha provocado que año tras año, con excepción del 2007, el Gobierno Central presente déficits que promedian un 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2000 y 2021”.
De acuerdo con los números que maneja “en adición a esto, la deuda del sector público consolidado -incluyendo deuda intragubernamental- se incrementó en 1,294.7 %, pasando de US$4,447.9 millones a US$62,036.8 millones, desde diciembre de 2000 hasta diciembre de 2021.
Para hacer esa afirmación el economista toma como base las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público y el Banco Central de República Dominicana (BCRD). “Tal y como está contemplado en el artículo 36 de la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, un mandato que luego de diez años de promulgación de esta ley aún no se ha cumplido, el país necesita una Ley de Responsabilidad Fiscal que garantice la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, indica Martínez Agüero en su análisis.
Recordó que desde el CREES, en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha preparado una propuesta de proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
Esa propuesta a la que hace referencia contiene reglas fiscales que establecen requerimientos para el balance general de la ejecución presupuestaria del Sector Público No Financiero, así como límites al endeudamiento del Sector Público Consolidado.
De igual forma –agrega el economista en su artículo de la página del CREES- contempla una cláusula de escape o excepción a la regla en caso de un escenario especifico, en conjunto con su mecanismo de corrección al incumplimiento de la regla.
Además, se establecen indicadores de alerta para el seguimiento de la sostenibilidad fiscal y los riesgos que pueda estar asumiendo la política fiscal.
También se detallan los requisitos y/o condiciones para incurrir en endeudamiento público. El alcance de las reglas fiscales puede ser a nivel nacional, supranacional o ambas. Existen cuatro tipos principales de reglas fiscales, que son: reglas de deuda, reglas de balance presupuestario, reglas de gasto y reglas de ingresos.
Típicamente procuran corregir las distorsiones
“Las reglas fiscales son restricciones que se establecen al manejo de la política fiscal de un país. Actúan como límites o requerimientos preestablecidos para las partidas que componen el presupuesto de un Estado”, explica Martínez Agüero. Típicamente, las reglas fiscales tienen como objetivo corregir distorsiones en el manejo de las finanzas públicas y contener la tendencia de gasto público excesivo, a fin de garantizar la responsabilidad fiscal.
