A petición de los lectores, repetimos in extenso el artículo de Pedro Delgado Malagón, publicado el pasado sábado en el suplemento Fin de Semana.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió activar (el 24 de febrero de 2004, luego del derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide) unas fuerzas multinacionales para “contribuir a hacer más seguro y estabilizar el ambiente en la capital haitiana y en todo el país. La presencia de esas tropas se consideró, en principio, sólo por seis meses, pero sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad (diecisiete, en total) han extendido por diez años la presencia en el territorio haitiano de la MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad en Haití).
Esta delegación diplomática y militar, integrada en lo básico por unos doce mil “cascos azules” (soldados y policías de cincuenta países del planeta, con malaria, desmanes y abusos incluidos), pese a todo, ha preservado ya durante un decenio las dosis mínimas de ley y de garantías civiles requeridas para evitar el desmoronamiento haitiano.
En un medio huérfano de reglas jurídicas y de instituciones públicas confiables, alrededor de doce mil ONG’s (organizaciones no gubernamentales) se han constituido en los principales receptores e intermediarios de la ayuda humanitaria internacional que fluye hacia Haití; en mayor medida después del terremoto de enero del 2010.
Una enviada de teleSUR a Haití, Madeleine García, informó que el Ejecutivo haitiano estima que sólo el “uno por ciento de los cuatro mil millones de ayuda humanitaria se ha utilizado en programas sociales”, mientras el resto se convirtió en un negocio para pagar sueldos de funcionarios y organizaciones sociales de otros países. De igual manera, el embajador de Venezuela en Haití, Pedro Canino, denunció que la Comisión para la Reestructuración de Haití ha manejado esos millones de dólares, “pero nadie sabe, ni el propio gobierno sabe, a dónde ha ido ese dinero. No se ha puesto en práctica ningún programa de cooperación concreto, palpable. Muchos países lo que han hecho es un gran negocio de toda la miseria y tragedia que vive el pueblo haitiano”, afirmaba el diplomático.
A modo de contraste, y como quien hablara de tersas realidades celestiales, despunta la palabrería pomposa de Sandra Honoré, jefa de la MINUSTAH desde julio del pasado año. Dice ella: “La búsqueda de caminos que faciliten el diálogo y el consenso entre los haitianos son factores esenciales a la hora de construir un país capaz de sostenerse por sí solo con instituciones democráticas que den respuesta a los numerosos desafíos que quedan por delante”.
Uno, en tal caso, turbado, se haría las preguntas naturales: ¿Diálogo, consenso, posibilidad de construir el país, en la matriz de una aglomeración humana donde cuatro de cada diez individuos deambulan como espectros, como naturalezas irreales, inexistentes, al no disponer siquiera de un apunte de identidad? ¿Instituciones democráticas y seguridad jurídica, sin un poder central lo suficientemente fuerte y sin el apoyo de una infraestructura administrativa, de la capacidad financiera y de los mecanismos de coerción para administrar los espasmos de la escasez en el seno de la más aflictiva indigencia del continente? ¿Caminos ideales que faciliten el diálogo, en una comarca donde no existen aún ni caminos materiales que hagan posible la transportación de los alimentos y de la población escolar y de los enfermos? ¿Instituciones democráticas que den respuesta a los desafíos, en un entorno sin agua potable, ni obras de saneamiento ambiental, ni hospitales, ni escuelas? ¿Creería alguien, de verdad, que ese parloteo de la señora Honoré (tópico, vacío, insustancial) en algo contribuye a mitigar la desdicha del pueblo haitiano?
Algunos han pensado que el éxito en la batalla contra la pobreza muy pocas veces resulta palpable a través de indicadores económicos globales, tan abstractos como impersonales. En términos prácticos, más bien se trataría de propiciar el que cada individuo dispusiera de medios de vida por encima de una cota mínima de dignidad humana, conforme al ambiente en que se desenvuelve y en el marco de sus hábitos y sus tradiciones. Para combatir de modo eficaz la indigencia se habla de cambios gigantescos, de gran complejidad y con el concurso de toda la población mundial.
El filósofo francés Jacques Attali, por ejemplo, sugiere que la guerra contra la miseria debe plantearse en cinco frentes: (1) llevar a cabo una nueva revolución verde, que permita el resurgimiento de la silvicultura y de los rebaños; (2) instaurar en cada lugar una democracia responsable que permita a los pobres ser responsables de sí mismos; (3) poner a cada persona en situación de crear riqueza ofreciéndole los microcréditos necesarios; (4) trabajar para que todos tengan acceso a los servicios sociales básicos (educación primaria, comida, sanidad) a fin de reducir la mortalidad infantil y materna; y (5) crear instrumentos mundiales de trasvase de recursos, como ya existen internacionalmente.
Si ése fuere el caso, ¿quién en Haití, de manera cierta, tendría la responsabilidad y la competencia indispensables para implantar, impulsar y administrar, digamos, un programa similar al que sugiere Jacques Attali? ¿Acaso las doce mil ONG’s, o la MINUSTAH; o tal vez la casi inexistente, ineficaz y somnolienta clase política haitiana? La pregunta, se me ocurre, queda todavía sin una respuesta plausible.
Hará más de quince años que sugerí, en un escrito en la Revista Rumbo, el imperativo de garantizar una gestión valiente y eficaz en la dirección de cualquier programa enfocado a mejorar las condiciones en que sobrevive el pueblo haitiano. Pensé, de tal suerte, que la mejor conducción podría ejecutarse a través de un sistema supervisado, esto es, bajo una tutoría responsable y competente. Dicha tutela, no cabe duda, tendría características menos deshonrosas, a la vez que más inteligentes y productivas, que la custodia desarrollada por los soldados de la MINUSTAH. Por igual, sin tantas ONG’s y con menos intermediarios, piadosos y desinteresados, a cargo del manejo de la ayuda humanitaria internacional. De manera concreta me refería al montaje de un proyecto con acciones precisas en cinco grandes escenarios: el militar, el político, el económico, el social y el migratorio. Grosso modo, fueron éstas las ideas planteadas en aquella ocasión.
En lo concerniente a la esfera militar, el tutelaje requeriría: (a) instalar un ejército profesional de 20-25 mil efectivos, a fin de preservar el orden público y de impedir el tráfico fronterizo ilegal; (b) desmantelar efectivamente aparatos militares vinculados a gobiernos y liderazgos anteriores (algunos de ellos ocultos en la sombra); (c) desarmar grupos sediciosos vinculados a organizaciones del crimen internacional; (d) formar un cuerpo de policía con el objeto exclusivo de mantener el orden público y de auxiliar al sistema judicial.
Las acciones en el terreno político incluirían: (a) formación de un Consejo de Gobierno de cinco miembros, constituido por dos funcionarios seleccionados por las Naciones Unidas (uno de ellos lo presidiría), por una personalidad de relieve mundial (alguien, digamos, con el perfil idealista de un Bill Clinton) y por dos ciudadanos haitianos del mayor prestigio; (b) suspensión durante cincuenta años de la franquicia a los partidos políticos; (c) disolución durante cincuenta años de las cámaras legislativas; (d) establecimiento de programas educativos que, en diferentes planos, instruyan a la población acerca de los valores y el funcionamiento de las instituciones democráticas; (e) aplicación de un sistema para registrar y proveer de documentos de identificación a la ciudadanía.
El diseño económico comprendería: (a) apertura absoluta de la economía haitiana, con eliminación total de aranceles y barreras no arancelarias al comercio; (b) apertura absoluta a la inversión extranjera, con una tasa impositiva única sobre beneficios de 10% por un plazo de cincuenta años; (c) establecimiento de concesiones en los casos económicamente factibles (según el modelo chileno o colombiano) con el objeto de realizar inversiones en infraestructura básica de transporte, energía, saneamiento, irrigación, etcétera; (d) contratación de expertos internacionales para gestionar las empresas públicas existentes; (e) creación de un fondo multinacional que provea anualmente 5,000-6,000 millones de dólares, con el objeto de incrementar el gasto social en salud y educación y, asimismo, de conservar la infraestructura existente de transporte, irrigación, saneamiento urbano, etcétera; (f) creación de un sistema para organizar el registro de tierras y proveer de títulos a sus propietarios.
La acción social abarcaría iniciativas internacionales orientadas a: (a) distribuir masivamente alimentos a los sectores más desvalidos; (b) emprender programas destinados a reducir el analfabetismo y a elevar la cobertura del sistema de educación primaria; (c) realizar campañas de desparasitación, vacunación y prevención de enfermedades infantiles; (d) ampliar los servicios de medicina curativa; (e) dotar de ropa y calzados a la población menesterosa.
Como política migratoria cabrían las disposiciones siguientes: (a) establecer controles rigurosos para el cruce de la frontera dominicana (pasaporte, visado, declaración de aduanas, etcétera); (b) gestionar el traslado de núcleos de haitianos que voluntariamente deseen emigrar hacia aquellos países que han demostrado una especial amistad hacia Haití (Estados Unidos, Canadá, Francia, Venezuela); (c) tramitar la inmigración permanente a Haití de 50-60 mil familias europeas (albanesas, croatas, rusas, rumanas, polacas, bosnias) e hispanoamericanas (cubanas, venezolanas, argentinas), cuyos miembros puedan desempeñarse como maestros, médicos, ingenieros, artesanos, agricultores y trabajadores industriales.
Este mandato tendría como objetivo –básico, impostergable– la construcción en Haití de un Estado moderno, dirigido por instituciones civilizadas y con raíces en el afán de progreso de una comunidad que mira con ilusiones hacia el futuro.
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Mis dudas tienen un vínculo cierto, debo decirlo, con aquellas que flotan en los cielos de la diplomacia internacional. Por ejemplo: ¿Hasta qué día permanecerá la MINUSTAH como garante del orden público haitiano? ¿Frente al vacío de poder, cuál sería la fórmula escogida por las naciones que rigen Haití desde hace una década? ¿Tendría capacidad, dicha fórmula, para insuflar el necesario aliento dc progreso a la comunidad haitiana? ¿De no ser así, quién, en esa hora del poder deshabitado, podrá contener la avalancha de cuatro millones de seres sin identidad, defraudados (como espectros, cual naturalezas irreales), cuando pugnen a través del frágil equilibrio de nuestra raya fronteriza?
Es cuestión que, sin más, me atraviesa la mente, no sé cuánto tiempo antes de que ocurra…
