Santiago. El procurador general de la República, la fiscal de Santiago y director del Comando Cibao Central de la Policía coordinaron acciones para contrarrestar la delincuencia y la criminalidad.“La lucha contra el crimen es muy importante y el ministerio público debe encabezar el liderazgo en la persecución contra el delito, microtráfico, sicariato, bandas juveniles y otros males que afectan a la sociedad”, expuso el procurador Francisco Domínguez Brito.
Durante una visita que hizo al Palacio de Justicia, donde se reunió con la fiscal Luisa Liranzo y otra al Comando Cibao Central, donde sostuvo un encuentro con el director Regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Héctor García Cuevas, se hicieron los primeros arreglos para fortalecer las estructuras en la lucha contra la violencia intrafamiliar, de género y proteger la niñez.
Lucha contra el crimen
“Estoy aquí para fortalecer las estructuras del Ministerio Público en toda su dimensión, tanto en la prevención, la conciliación, la atención a la familia, pero sobre todo en la persecución contra el crimen, que para nosotros es la prioridad”.expuso el funcionario. Reconoció que hay 12 representantes o integrantes del Ministerio Público que han sido suspendidos y que fueron remitidos al Tribunal Disciplinario y espera haya una sanción, ya que “no es posible tolerar que el que tiene que luchar contra el crimen, también cometa los crímenes”.
El procurador Domínguez Brito sostuvo que la ciudad de Santiago es una de sus prioridades y que se tomarán las medidas que sean necesarias en la prevención y persecución de los hechos delictivos. Los diferentes sectores han reclamado de las autoridades acciones concretas para contrarrestar los hechos de criminalidad y la violencia que mantienen intranquilas a las familias y a la sociedad.
Afirma que se deben respetar procedimientos
Con relación al caso del diputado Ramón Antonio Fernández, condenado a cumplir un año de prisión por sustraer a una menor, Domínguez Brito dijo que hay que cumplir los procedimientos y que se deben esperan las decisiones para proceder “a pesar de la orden que dio el juez de la ejecución de la pena, todavía no es posible ejecutarla por normas constitucionales”.
